Tenedores de bonos en cortes federales de Estados Unidos acusan a TV Azteca y Grupo Salinas de simular un préstamo de 290 millones de dólares con AlterBank para desviar activos antes de su concurso mercantil.
Litigio en Nueva York y Florida expone presunto desvío de activos
Acreedores internacionales formalizaron demandas judiciales para frenar maniobras corporativas destinadas a evadir pagos millonarios.
The Bank of New York Mellon, actuando en representación de los acreedores internacionales, formalizó el 2 de junio de 2026 una demanda ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida contra TV Azteca y AlterBank. La querella sostiene que ambas partes estructuraron un mecanismo crediticio artificial con el propósito de subordinar los derechos de cobro de los bonistas tradicionales, a quienes la emisora dejó de abonar intereses desde 2021 sobre un pasivo original de 400 millones de dólares colocado en 2017. El frente judicial escaló también en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los fondos denunciaron la existencia de un plan concertado para sustraer el patrimonio corporativo más rentable del alcance de los tribunales estadounidenses.
Dicha estrategia incluyó la creación de la subsidiaria TVA III como estructura receptora de los activos de mayor valor comercial de la televisora mexicana para blindarlos frente a embargos, la puesta en garantía de los activos en favor de AlterBank mediante el crédito suscrito de 290 millones de dólares, la negativa sistemática de Grupo Salinas a transparentar los contratos, flujos y términos del préstamo internacional, y la perfección del acuerdo con la entidad caribeña cinco semanas antes de ingresar al concurso mercantil voluntario en México, procedimiento que la televisora solicitó en febrero de 2026 ante un juzgado mercantil de la Ciudad de México bajo el argumento de insolvencia y dificultades operativas, recurso admitido a trámite formal en marzo del mismo año.
Radiografía operativa de Alterbank en el enclave de Santa Lucía
Documentos judiciales exponen que la entidad financiera caribeña opera con recursos limitados y carece de la infraestructura necesaria para respaldar la transacción.
Los registros mercantiles revelan que el prestamista caribeño opera con un capital de 4 millones de dólares y carece de infraestructura bancaria real. Las investigaciones encabezadas por The Bank of New York Mellon y el medio periodístico El Faro revelaron que la institución domiciliada en la isla caribeña no dispone de solvencia financiera para respaldar una colocación de 290 millones de dólares, contradiciendo los estándares bancarios transfronterizos. A raíz de estas discrepancias cuantitativas, la fiduciaria estadounidense solicitó formalmente a la Corte obligar a las entidades involucradas a exhibir los libros contables, extractos de transferencias y contratos de origen de los fondos para determinar si se incurrió en fraude de acreedores.
Enlace salvadoreño y ramificaciones en el entorno de Nayib Bukele
La titularidad del banco involucrado apunta hacia operadores empresariales vinculados con contrataciones gubernamentales en El Salvador.
La transferencia accionaria de AlterBank tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando Augusto César Castillo Chávez asumió el control formal, mientras que el propietario saliente, Juan Francisco Ramírez, confirmó a periodistas de investigación que la compraventa se pactó de forma compartida con Tomás Hernández, asesor del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Documentos públicos de Santa Lucía constatan que Hernández figura como director formal de AlterBank y mantiene asignados un usuario y buzón de correo corporativo institucional. El perfil de los involucrados enlaza con indagatorias previas en Centroamérica, destacando que Tomás Hernández y su cónyuge, María Alejandra García, administraron el empaquetado del Programa de Emergencia Sanitaria durante la pandemia y asistieron a la boda de Ibrajim Bukele en noviembre de 2022.
Asimismo, la Fiscalía General de El Salvador identificó a Hernández y García como sujetos de interés dentro del organigrama elaborado por el Grupo Especial Antimafia por anomalías en adquisiciones estatales, expediente que fue archivado con posterioridad. En el mismo sentido, Augusto Castillo es hijo de Wiomar Alfredo Castillo Martínez, directivo de Aroum Group, compañía que recibió contratos estatales para suministrar leche en polvo, cuyas auditorías de la Corte de Cuentas señalaron un faltante no ingresado de 7 millones de dólares.
Postura corporativa y destino fiscal de los fondos
La directiva de la televisora defiende la legalidad de la operación financiera y asegura que los recursos se destinaron a cumplir con obligaciones fiscales.
Grupo Salinas sostiene la legalidad del financiamiento y argumenta que la totalidad del monto fue transferida al Servicio de Administración Tributaria. Frente a los requerimientos de información, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, afirmó que el préstamo se condujo con apego a la ley y que su suscripción fue notificada públicamente seis meses atrás, permitiendo según la representación corporativa amortizar deudas fiscales ante el fisco mexicano mediante un boletín institucional emitido el 7 de julio de 2026. No obstante, la vocería corporativa omitió responder los cuestionamientos sobre los criterios de selección de un banco de ultramar con un balance de 4 millones de dólares y personal mínimo para una línea de crédito de 290 millones de dólares.
(Con información de Michell Aburto)
