CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (XPFM).- El gobierno de Texas declaró como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo, en la frontera con México, bajo el argumento de que son utilizadas por los cárteles mexicanos para el tráfico de personas y drogas. La decisión fue anunciada por la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, quien aseguró que la medida permitirá a las autoridades estadounidenses ingresar a esos terrenos para realizar patrullajes, inspecciones y retirar cualquier actividad ilegal.
La decisión texana surgió después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) solicitó a la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) revisar 28 islas del Río Grande que presuntamente no tenían propietario definido. Tras el análisis, la dependencia identificó nueve terrenos que consideró propiedad del estado y notificó que podrán ser utilizados por las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Buckingham justificó la medida al señalar que busca impedir que las organizaciones criminales conviertan estos territorios en puntos de operación para el narcotráfico, el tráfico de migrantes y el contrabando. También afirmó que Texas no permitirá que sus terrenos se conviertan en refugios para los cárteles y que las autoridades podrán ingresar a las propiedades para combatir actividades ilícitas, conforme a las leyes estadounidenses.

La determinación provocó una reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que advirtió que ningún gobierno estatal estadounidense puede modificar unilateralmente los límites territoriales entre ambos países.
La dependencia le recordó al gobierno de Texas recordó que la frontera está regulada por tratados internacionales y que cualquier controversia sobre la soberanía de las islas debe resolverse mediante los mecanismos bilaterales establecidos.
En un comunicado, la Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal del río. Este criterio determina a qué país pertenece cada porción de tierra, independientemente de la soberanía que hubiera tenido anteriormente. Por ello, corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) establecer de qué lado de la frontera se encuentra cada isla, no a las autoridades estatales de Texas.

La SRE también dijo que el tratado bilateral prohíbe a cualquiera de los dos países construir obras que puedan desviar u obstruir el cauce natural del río, cuando así lo determine la CILA. México aseguró que dará seguimiento a las acciones emprendidas por Texas y que defenderá el cumplimiento de los acuerdos internacionales que regulan la soberanía y los límites de la frontera común.


