La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa de 67,884.00 pesos contra México Tiene Vida A.C. tras acreditarse el intento de soborno a una funcionaria del Instituto Nacional Electoral durante una asamblea fallida.
El origen del conflicto y la sanción económica
El máximo tribunal electoral ratificó la resolución del Consejo General del INE, imponiendo una sanción pecuniaria de 67,884.00 pesos a la organización por vulnerar la integridad de los procesos de certificación institucional.
La investigación determinó que, tras la cancelación de una asamblea distrital en el 06 Distrito Electoral Federal con cabecera en Chihuahua por falta de quórum legal, un representante de la asociación intentó corromper a la servidora pública encargada de certificar el acto. A consecuencia de este incidente, la Secretaría Ejecutiva del INE inició un procedimiento sancionador que derivó en la multa y el envío de vistas a la Fiscalía General de la República para la posible apertura de una carpeta de investigación penal.
La defensa legal de la organización y su rechazo
La organización intentó revocar la sanción mediante una impugnación que cuestionaba los principios jurídicos fundamentales aplicados por la autoridad electoral.
México Tiene Vida A.C. basó su defensa en los siguientes argumentos:
- Principio de tipicidad: Alegó que la conducta no estaba descrita de forma expresa en la normativa electoral.
- Falta de pruebas: Cuestionó la veracidad del ofrecimiento de dinero y la validez de los testimonios presentados.
- Acto individual: Deslindó a la organización al señalar que la oferta fue realizada por la persona designada para presidir la asamblea, no por la entidad en su conjunto.
- Prueba superveniente: Reclamó un indebido desechamiento de elementos probatorios adicionales por parte del INE.
El criterio del tribunal sobre el deber de cuidado
La magistrada Claudia Valle Aguilasocho, ponente del proyecto, invalidó los argumentos de la defensa al establecer que las organizaciones aspirantes a partidos políticos poseen obligaciones irrenunciables de probidad y orden.
El TEPJF determinó los siguientes puntos clave sobre la infracción:
- Flexibilidad del principio de tipicidad: En materia electoral administrativa, la inobservancia de un deber de cuidado es suficiente para configurar una infracción, sin requerir una descripción normativa exhaustiva.
- Valor probatorio absoluto: El informe circunstanciado de la funcionaria del INE posee valor de documental pública plena, lo cual exime la necesidad de robustecerlo con otros medios.
- Responsabilidad institucional: La organización es responsable de garantizar el desarrollo ordenado de sus eventos y la seguridad del personal electoral, por lo que la conducta de sus representantes impacta directamente en su estatus legal.
