La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este lunes en la Ciudad de México atraer el caso de la empresa Juegos del Bajío contra un crédito fiscal de 4 mil 306 millones 803.86 pesos, dejando firme la sentencia del Servicio de Administración Tributaria.
El segundo intento fallido del Pleno
La ministra Lenia Batres intentó sin éxito que el máximo tribunal atrajera el litigio fiscal.
Durante la sesión correspondiente a este lunes, la ministra Lenia Batres intentó por segunda ocasión que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el expediente en el que sostuvo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa favoreció a la compañía mediante un contrato presuntamente falso. Dicho documento constituyó la prueba fundamental empleada por Juegos del Bajío para demostrar la nulidad en la notificación del adeudo fiscal reclamado por las autoridades tributarias federales.
La defensa del caso argumentó la necesidad de evitar la impunidad ante documentos falsificados.
La funcionaria judicial advirtió que el asunto brindaba al tribunal la oportunidad jurídica de definir con precisión las consecuencias legales derivadas de la presentación de documentos falsos dentro de un juicio de carácter administrativo. La funcionaria argumentó que el interés primordial radicaba en impedir que este tipo de operaciones fraudulentas quedaran en la impunidad, precisando que la intención no respondía a motivos personales sino al cumplimiento irrestricto de la ley sin importar el infractor.
El rechazo mayoritario de los ministros
El pleno del máximo tribunal desestimó la solicitud al carecer de interés excepcional.
Pese a los argumentos expuestos, la propuesta de la ministra Batres únicamente recibió el respaldo de Sara Irene Herrerías Guerra, configurando así el segundo revés que el Pleno propina a esta solicitud de atracción. Previamente, el 5 de marzo de 2025, la extinta Segunda Sala había determinado que el litigio incumplía con los requisitos legales de interés excepcional y de planteamiento de cuestiones propiamente constitucionales que justificaran la intervención de la superioridad.
(Con información de proceso.com.mx)
