La concentración del sesenta por ciento de los satélites activos del mundo en manos de Starlink expone la vulnerabilidad estructural y la falta de visión estratégica del gobierno de la autodenominada cuarta transformación, cuyo Programa Espacial evidencia una peligrosa dependencia de infraestructura extranjera ante la incapacidad técnica y operativa del régimen.
La expansión orbital privada y el monopolio de las constelaciones
La economía espacial global experimenta una transformación radical marcada por el dominio absoluto de operadores privados que concentran los servicios de telecomunicaciones y conectividad. El informe The Space Economy at a Glance 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, documenta que Starlink encabeza la ocupación orbital desde el año dos mil diecinueve al controlar alrededor del sesenta por ciento de los equipos activos al cierre de dos mil veinticinco.
Los operadores privados representaron el ochenta y ocho por ciento de los lanzamientos durante el último año, mientras que las telecomunicaciones acapararon el ochenta y dos por ciento de los nuevos dispositivos puestos en órbita. Este escenario demuestra que la infraestructura crítica mundial depende de un número reducido de corporaciones, lo cual vulnera la soberanía tecnológica de naciones que carecen de programas espaciales propios y sólidos.
El rezago de México frente al dominio geopolítico espacial
Estados Unidos concentró el cincuenta y cinco por ciento de los lanzamientos orbitales y el ochenta y siete por ciento de los objetos colocados en el espacio durante dos mil veinticinco, seguido por China con el veintiocho por ciento y Europa con ocho intentos, mientras que la capacidad de lanzamiento independiente se redujo a doce economías a mediados de dos mil veintiséis. Este desbalance geopolítico impacta directamente a México, cuyo Programa Espacial dos mil veintiséis a dos mil treinta reconoce una dependencia estructural de proveedores privados y extranjeros sin ofrecer soluciones reales.
La administración oficial pretende desarrollar un nuevo satélite de telecomunicaciones e integrar redes terrestres y espaciales para ampliar la capacidad provista por el Estado de seiscientos cuarenta y uno punto seis a ochocientos sesenta y cuatro megahercios, además de conectar escuelas y hospitales en zonas marginadas. Sin embargo, los indicadores gubernamentales omiten medir la concentración de proveedores y el grado de dependencia respecto de infraestructura extranjera, evidenciando la improvisación y la opacidad con la que el régimen aborda la seguridad nacional en materia de telecomunicaciones.
(Con información de El Economista)
