CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la explicación sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, luego de que surgieran cuestionamientos sobre si el hidrocarburo podía ser considerado realmente producto ilícito.
La mandataria sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar qué motivó el operativo y si existió alguna actividad ilegal. “Lo tiene que informar la Fiscalía”, respondió Sheinbaum durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre el caso.
Ante las preguntas sobre por qué insiste en remitir este tipo de asuntos a la FGR, justificó: “Si lo estuviera informando yo dirían: ¡ay, no hay autonomía de la Fiscalía General de la República!”. Con ello, escudada en la presunta autonomía de la dependencia, la Presidenta subrayó que será esta instancia ministerial la que deberá establecer qué ocurrió en el complejo de almacenamiento.
Sheinbaum también precisó que el aseguramiento correspondió a la representación de la FGR en Guanajuato. “Fue un aseguramiento de, particularmente, de la delegación de la Fiscalía en Guanajuato, coordinada por esta delegación”, afirmó. Agregó que, tras los cambios en la estructura de la Fiscalía, corresponde a esa institución explicar las circunstancias del operativo y la situación jurídica del combustible.
“La Fiscalía tiene que informar de si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía”, señaló de manera más específica la Presidenta, lo que deja en claro que no existe certeza sobre la operación que se realizó.
La declaración ocurre después de que Grupo SIMSA, operador de la terminal a través de Gas Natural del Noroeste, defendiera la legalidad de sus operaciones y asegurara que cuenta con permisos para el almacenamiento de hidrocarburos.
El caso había sido presentado inicialmente como un aseguramiento histórico de combustible presuntamente ilícito, pero la controversia creció después de que la empresa cuestionara esa interpretación. La FGR informó posteriormente que las compañías involucradas no habían acreditado hasta ese momento la legalidad de los 59 millones de litros, por lo que la FEMDO atrajo la investigación para determinar el origen y la situación jurídica del hidrocarburo.
La diferencia entre la presentación inicial del operativo y la postura asumida ahora por la Presidencia coloca el foco en la responsabilidad institucional sobre la información difundida. Mientras el aseguramiento fue inicialmente presentado como un golpe contra el combustible presuntamente ilegal, ahora Sheinbaum evita determinar públicamente si se trató de huachicol y remite esa conclusión a la Fiscalía.
Por ahora, la propia Presidenta ha fijado la ruta: será la FGR la que tendrá que explicar el operativo, acreditar si existió una actividad ilegal y determinar qué ocurrió con el combustible asegurado. Mientras esa investigación no concluya, el caso permanece como un aseguramiento bajo investigación, no como un hecho definitivamente acreditado de huachicol.
