La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las críticas sobre la exposición pública de reporteros en Palacio Nacional, argumentando que si la mención de nombres propios genera controversia o riesgos, la práctica será suspendida, aunque mantuvo la postura de que el objetivo gubernamental no fue la censura, sino exhibir redes de amplificación digital.
El uso del poder institucional contra la prensa
La administración federal bajo el mando de Claudia Sheinbaum ha trasladado la estrategia de señalamiento directo hacia comunicadores, bajo la justificación de que estos actúan como puntos de origen para campañas de desprestigio. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, fue la encargada de presentar nombres y apellidos de periodistas y columnistas, vinculándolos con la supuesta creación de tendencias artificiales contra el Ejecutivo. Esta táctica ha sido interpretada por diversos sectores como una forma de acoso institucional que, en la práctica, coloca una diana sobre los mencionados, exponiéndolos a agresiones en redes sociales y minando el ejercicio de la libertad de expresión desde la máxima tribuna del país.
La negación de la censura ante el acoso digital
La postura oficial de la mandataria insiste en que no existe una lista negra ni actos de censura directa, minimizando el impacto del señalamiento público. Claudia Sheinbaum sostiene que el ejercicio de nombrar a los comunicadores no constituye un intento por callar voces críticas, sino una respuesta al uso de plataformas digitales para difundir lo que denomina noticias falsas. Pese a que organismos como Artículo 19 han documentado un incremento real en la intimidación contra los periodistas exhibidos, la presidenta compara las agresiones que reciben los informadores con los ataques que ella misma afirma padecer en el ecosistema digital, igualando la responsabilidad y relativizando la vulnerabilidad de la prensa frente al aparato de Estado.
El control de la narrativa y la réplica oficial
El discurso presidencial se ampara en el derecho de réplica para justificar la confrontación directa con medios de comunicación específicos, tales como Proceso, Reforma, El Universal, TV Azteca, Televisa y Milenio. Según la visión del Ejecutivo, el gobierno tiene la potestad de identificar y combatir lo que clasifica como propaganda política en lugar de periodismo, señalando que algunas coberturas mediáticas sobre desabasto de medicamentos o tragedias internacionales son utilizadas para fabricar realidades paralelas. Aunque la mandataria ha condicionado la eliminación de los nombres propios en futuras conferencias si el daño percibido es superior al beneficio informativo, reafirmó su intención de continuar fiscalizando el comportamiento de las redes sociales y la supuesta inversión en bots y troles contra el régimen.
(Con información de APRO)
