La administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo implementa una estrategia interinstitucional para frenar el comercio ilícito de combustibles, revelando un desbalance de 8,824 millones de litros y modificaciones legales contra comercializadores que evaden el pago de gravámenes.
La fiscalización revela un quebradero fiscal multimillonario
El análisis de facturas y registros de 2025 expuso un menoscabo de 61,000 millones de pesos por evasión del IEPS.
El Gobierno de México exhibió los avances de la fiscalización coordinada entre 16 dependencias federales para contener el trasiego ilegal y las irregularidades en el mercado de hidrocarburos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que durante el ejercicio fiscal de 2025 se dejaron de captar 61,000 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a los combustibles. En contraste con dicha caída, el periodo comprendido de enero a septiembre de 2026 arrojó una recuperación de 48,411 millones de pesos gracias al cerrojo operativo y las revisiones en toda la cadena de suministro. La mandataria advirtió que la fiscalización persigue la trazabilidad absoluta desde la importación hasta la comercialización final en estaciones de servicio, promoviendo sanciones administrativas y querellas ministeriales.
El eslabón crítico de los comercializadores sin infraestructura
El segmento de intermediación concentra el setenta y dos por ciento de las inconsistencias volumétricas detectadas.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, puntualizó que la revisión exhaustiva de facturas de 2025 permitió documentar un desfase equivalente a 61,700 millones de pesos. El desglose institucional ubicó al sector de comercialización como el principal foco de opacidad, mientras que el trece por ciento recayó en los expendios o gasolineras, distribuyéndose el resto entre los demás actores del sector. El problema radica en la discrepancia operativa entre los volúmenes adquiridos, enajenados y timbrados por empresas permisionarias que operan sin infraestructura propia de almacenamiento o traslado. Ante este escenario, la administración central analiza reformas legales para acotar drásticamente la participación de estos intermediarios, evaluando esquemas donde los importadores comercialicen de manera directa con transportistas y permisionarios autorizados.
Plataforma tecnológica y castigos masivos a permisionarios
La articulación de dieciséis dependencias integró sistemas de geolocalización y bases aduaneras para bloquear el contrabando.
Como eje de contención, la Secretaría de Energía puso en marcha un centro de monitoreo que cruza registros fiscales, aduaneros y operativos, vinculando la información con autoridades de Estados Unidos para confrontar volúmenes de salida e ingreso. En el plano sancionador, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, reportó la imposición de 500 multas y procedimientos contra ocho agentes aduanales. La Comisión Nacional de Energía vigiló 61,557 unidades mediante códigos QR y GPS, cancelando 264 permisos y manteniendo 307 procedimientos de revocación. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria dio de baja a 2,224 empresas, aplicó 6,483 multas a 2,032 estaciones por controles volumétricos deficientes, suspendió a 180 importadores por contrabando y clasificó a 175 compañías como factureras. En el ámbito punitivo, se acumularon 152 denuncias del SAT, 127 casos de la Procuraduría Fiscal, 50 expedientes de la Comisión Nacional de Energía, 10,674 querellas de Petróleos Mexicanos por robo de hidrocarburos y 11 causas de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
(Con información de El Economista)
