La presidenta Claudia Sheinbaum sentenció en la Ciudad de México que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo tras detectarse una red de contratos millonarios asignados a empresas intermediarias durante los comicios.
El quiebre en el Instituto Nacional Electoral y los contratos asignados a intermediarios
La mandataria federal reveló un esquema de corrupción de más de dos décadas donde empresas fachada operan como intermediarias en el Instituto Nacional Electoral.
Desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal detalló que el problema estructural data de 1999, evidenciando una red de empresas intermediarias que operan sin trabajadores propios para acaparar los presupuestos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. La presidenta denunció que un grupo reducido de compañías se reparte los recursos públicos destinados a la papelería y material logístico, subcontratando posteriormente los servicios. La jefa de Estado calificó a estas entidades corporativas como verdaderos coyotes, señalando que este modelo de simulación comercial corrompe los procesos democráticos y encarece las operaciones institucionales.
La iniciativa para reformar el sistema electoral y estatizar la proveeduría
El gobierno federal prepara una iniciativa de ley para transformar a Talleres Gráficos de México en una entidad estatal encargada del material electoral.
Ante las irregularidades financieras detectadas, el gobierno de México presentará una propuesta legislativa para que Talleres Gráficos de México asuma la producción absoluta de boletas, mamparas, chalecos y demás insumos requeridos en las contiendas comiciales. Con esta reestructuración, la administración central busca erradicar la intermediación privada y abrir la competencia a miles de empresas transparentes. La estrategia oficial pretende disminuir drásticamente el costo de las elecciones en territorio nacional, garantizando un ahorro sustancial para las finanzas públicas y blindando los procesos operativos de cualquier indicio de corrupción.
La postura sobre la austeridad y la exigencia de deslindar responsabilidades políticas
La administración federal descartó proteger a funcionarios involucrados y exigió una investigación a fondo sobre los manejos financieros pasados.
Respecto a la actuación de la expresidenta del organismo electoral, la mandataria aclaró que su llegada al cargo no estuvo vinculada formalmente al movimiento oficialista, sino a una burocracia electoral formada en las últimas dos décadas. La presidenta subrayó que ninguna irregularidad será encubierta, demandando que las autoridades competentes deslinden responsabilidades penales y administrativas sin distinciones. El Congreso de la Unión tendrá la facultad de definir el procedimiento para nombrar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral, asegurando que el proceso rumbo a la elección del próximo año se mantenga libre de sombras e intereses corporativos.
(Con información de Proceso)
