El Senado de la República aprobó el 04 de noviembre de 2026 por 72 votos a favor y 37 en contra la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria, remitida al Ejecutivo federal para su promulgación.
El bloque oficialista impone los cambios legales en el recinto legislativo
La aplanadora de Morena y aliados consumó la modificación legal pese al rechazo frontal de la oposición.
Desde la tribuna del recinto legislativo, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, defendió la modificación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bajo el argumento de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. El legislador sostuvo que la adecuación normativa se alinea de manera estricta con el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y, de forma prioritaria, con el artículo 20.88 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
La instrumentación de estas nuevas obligaciones busca blindar los derechos de propiedad intelectual frente a la revisión comercial bilateral.
En marzo de este año, las administraciones de México y Estados Unidos pactaron endurecer la coordinación en materia de propiedad intelectual de cara a la evaluación del acuerdo comercial norteamericano, lo que motivó la urgencia del bloque gobernante para sacar adelante el dictamen sin modificaciones de fondo en las comisiones dictaminadoras.
Advertencias de censura y control político desde la oposición parlamentaria
Las bancadas opositoras alertaron sobre el riesgo inminente de vulneración a la libertad de expresión en la red.
Desde las curules del Partido Revolucionario Institucional, el coordinador Manuel Añorve fijó el posicionamiento de rechazo al advertir que el articulado abre la puerta a la censura discrecional mediante amenazas de multas desproporcionadas contra las empresas tecnológicas. El legislador priista señaló que el marco aprobado otorga incentivos perversos para que los intermediarios digitales retiren contenidos y restrinjan servicios preventivamente ante la presión del poder público.
El entramado punitivo castiga la labor informativa y ciudadana bajo el argumento de la protección autoral.
En el mismo sentido, la senadora Gina Campuzano González, representante del Partido Acción Nacional, calificó el proyecto de Morena como un instrumento simulado que facilita la eliminación de investigaciones periodísticas, denuncias públicas y material crítico en internet. Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre la aplicación discrecional de los mecanismos de retiro de contenidos, los cuales podrían derivar en prácticas de competencia desleal y en la coartación sistemática de las libertades digitales en el territorio nacional.
(Con información de El Economista)
