La gestión federal mantiene un rezago habitacional crítico donde 128 municipios mexicanos presentan una afectación superior al 90% en su parque de vivienda, evidenciando fallas estructurales en las políticas de desarrollo social y atención a materiales precarios.
Fractura territorial en la política de vivienda nacional
Chihuahua, Sonora, Chiapas y Oaxaca concentran 112 de los 128 municipios con niveles de rezago habitacional superiores al 90%, revelando una disparidad geográfica extrema.
La actualización del Rezago Habitacional 2025, emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), desnuda una realidad operativa donde el deterioro de los hogares alcanza prácticamente a la totalidad del parque habitacional en zonas específicas. Este rezago se define por la persistencia de viviendas construidas con materiales precarios en techos, muros y pisos, la ausencia de instalaciones sanitarias básicas y niveles de hacinamiento que comprometen la dignidad de millones de mexicanos.
La intensidad del declive habitacional es absoluta en demarcaciones como Bacoachi, Sonora, junto a Maguarichi y Huachinera, Chihuahua, que registran un alarmante 99.8% de rezago. En la misma escala de precariedad se encuentran San Francisco de Borja y Batopilas de Manuel Gómez Morín, ambos en Chihuahua, con un 99.7% de sus viviendas bajo condiciones inaceptables. Estas cifras no representan anomalías aisladas, sino un patrón de desatención pública que agudiza la brecha social en las entidades más vulnerables del país.
El mapa de la carencia operativa y su magnitud real
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Baja California concentran el 45.5% del total nacional de viviendas en rezago, evidenciando una falla sistémica en la focalización de recursos federales.
Si bien el análisis municipal subraya la profundidad del quiebre en localidades específicas, el volumen absoluto de la crisis habitacional se dispersa a través de una geografía más amplia. Veracruz encabeza la lista con el 13.1% de las viviendas en rezago, seguido por Chiapas con el 11.6%, mientras que Oaxaca y el Estado de México reportan un 7.1% cada uno, cerrando con Baja California en un 6.6%. La suma de estas cinco entidades contabiliza casi la mitad de los hogares que requieren una intervención urgente por parte del Estado.
El diagnóstico oficial cifra en 8 millones 330,372 el número de viviendas que operan en condición de rezago, una cifra equivalente al 21% del parque habitacional total del país. Aunque el reporte intenta presentar una mejora de 3.4 puntos porcentuales frente a la medición de 2020, el impacto humano permanece inalterable. Un total de 29 millones 718,984 personas, lo cual representa el 22.8% de la población residente en viviendas particulares, habita actualmente en entornos de precariedad estructural.
Acciones de contención ante un déficit crónico
La Sedatu clasifica 6 millones 138,632 viviendas bajo requerimiento de mejoramiento, mientras que 1 millón 367,306 exigen sustitución total por riesgos de deterioro severo.
El programa oficial para el periodo 2026-2030 clasifica el déficit en tres vertientes operativas. La primera, denominada mejoramiento, abarca al 73.7% del total de las viviendas diagnosticadas, centrando esfuerzos en la reparación de estructuras, techos y pisos. La segunda, la sustitución, atiende aquellas edificaciones con paredes de materiales regulares o deteriorados que obligan a una intervención de fondo, incluyendo la posibilidad de reubicación o edificación desde cero. La tercera vertiente comprende la ampliación o reemplazo, enfocada en mitigar el hacinamiento y proveer servicios sanitarios básicos donde hoy existe carencia absoluta.
Estas cifras actúan como el medidor definitivo de la gestión gubernamental en el sector, al ser utilizadas por la administración federal para justificar la toma de decisiones presupuestarias y la ejecución del Programa Nacional de Vivienda 2026-2030. La relevancia de este indicador radica en su capacidad para auditar si los recursos públicos destinados realmente impactan en la calidad de vida o si se mantienen como una estadística inerte frente a la magnitud del deterioro habitacional que persiste en México.
(Con información de El Economista)
