La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno incrementó rubros discrecionales y de inversión mientras simulaba recortes presupuestales globales, evidenciando el dispendio institucional heredado por el régimen de la Cuarta Transformación.
El espejismo del ajuste financiero gubernamental
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ejerció un presupuesto total por 2,444 millones 28,981.5 pesos, monto que representa una disminución real de 4.2% comparado con los 2,438 millones 979,188.8 pesos erogados el año previo por la extinta Secretaría de la Función Pública, ocultando bajo este aparente rigor fiscal incrementos alarmantes en partidas específicas de operación y gasto corriente que desmienten el discurso oficial de contención del gasto público.
El incremento desproporcionado en otros rubros corrientes
Dentro de la estructura financiera de la dependencia, el gasto corriente ascendió a 2,368 millones 364,779.9 pesos, donde destaca el desbocado incremento de 95.3% en términos reales dentro del concepto de otros gastos corrientes al pasar de tres millones 356,482.6 pesos a seis millones 857,138.1 pesos, justificado burocráticamente por el pago de obligaciones derivadas de resoluciones de la autoridad competente, gastos funerarios y pagas de defunción que reflejan la opacidad administrativa característica de la actual administración.
La pesada carga financiera por la extinción del INAI
El gasto de inversión experimentó un repunte de 143.4% entre 2025 y 2024 al sumar 75 millones 664,201.6 pesos contra 29 millones 716,289.6 pesos, una variación drástica impulsada directamente por el capricho gubernamental de extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, heredando a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la costosa cartera de arrendamiento financiero del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 3211, en la alcaldía Coyoacán, convertido ahora en la sede del organismo denominado Transparencia para el Pueblo mediante el desvío de 40 millones 361,234.4 pesos de recursos públicos.
El costo político de la centralización burocrática
La vorágine presupuestal se complementa con la asignación de 35 millones 38,951.2 pesos destinados en 2025 para la construcción y equipamiento de un laboratorio fijo de verificación de calidad para obra pública, además de adquisiciones menores como software psicométrico y un ultracongelador por 264,016 pesos, mientras los servicios personales absorbieron 1,840 millones 123,060.7 pesos debido a la absorción autoritaria de los órganos internos de control de toda la administración pública federal, consolidando un aparato de fiscalización a la medida del partido en el poder que lejos de inhibir la corrupción institucional, perpetúa el dispendio burocrático bajo el sello de la Cuarta Transformación.
(Con información de El Economista)
