La Fiscalía de Rusia solicitó formalmente a Países Bajos la detención y extradición de nueve integrantes del Tribunal Penal Internacional, encabezados por su presidenta Tomoko Akane, tras emitir condenas en rebeldía contra los magistrados.
La ofensiva diplomática y judicial emprendida por Moscú escala de forma directa tras la exigencia formal dirigida a los Países Bajos y otros Estados para concretar la captura de nueve magistrados del Tribunal Penal Internacional. Esta medida responde a sentencias dictadas en rebeldía por los tribunales rusos contra los altos funcionarios de la instancia judicial global.
La Fiscalía de Rusia emitió un comunicado oficial donde detalla los nombres de los funcionarios requeridos por la justicia euroasiática.
Dentro de la lista de personas reclamadas figuran la actual presidenta del organismo, Tomoko Akane, el exfiscal general Imran Khan y el expresidente Piotr Hofmanski. Asimismo, la orden de captura alcanza a los vicepresidentes Rosario Salvatore Aitala y René Alapini-Gansou, en un intento de desestabilizar la cúpula directiva del tribunal.
La ampliación de la lista de magistrados perseguidos por Moscú
El requerimiento ruso incluye a jueces de diversas nacionalidades que participaron en resoluciones previas contra el Kremlin.
El bloque de funcionarios buscados se completa con los jueces Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Haikel ben Mahfoud, además del exmagistrado Bertram Schmitt. Hasta el momento, la institución con sede en La Haya mantiene una postura de reserva y no ha emitido un posicionamiento oficial frente a estas solicitudes de extradición.
Las condenas impuestas por Rusia en diciembre de 2025 constituyen la base jurídica utilizada por la fiscalía para reclamar estas capturas internacionales.
Este proceso punitivo se originó como una represalia directa tras la decisión del Tribunal Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el mandatario ruso Vladimir Putin y la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, fundamentadas en presuntos crímenes de guerra vinculados a la deportación forzada de menores ucranianos desde territorios ocupados.
La respuesta diplomática del Gobierno de Japón ante la maniobra rusa
El Ejecutivo japonés calificó la reclamación de la fiscalía rusa como una acción inaceptable que vulnera los principios de la justicia internacional.
La reacción internacional no tardó en manifestarse desde Tokio, donde el Gobierno calificó de lamentable la pretensión de Moscú de detener a la jurista japonesa Tomoko Akane. Las autoridades niponas anunciaron que evaluarán el envío de una queja formal contra el Kremlin por esta maniobra de presión judicial.
El Ejecutivo de Japón mantendrá una coordinación estrecha con los Estados parte del tribunal para neutralizar las acciones impulsadas desde Moscú.
El viceportavoz gubernamental Masanao Ozaki confirmó que Tokio mantendrá canales de comunicación permanentes con el Tribunal Penal Internacional y con los aliados estratégicos para responder de manera adecuada a lo que catalogó como medidas injustas por parte de la administración rusa.
(Con información de Europa Press)


