El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejó el penal de El Altiplano para continuar su proceso penal bajo prisión preventiva oficiosa en su domicilio, una decisión judicial por razones humanitarias que no altera la investigación de la FGR.
Reconfiguración de la medida cautelar
La modificación de la prisión preventiva domiciliaria para Ruffo Appel busca equilibrar la gravedad de los cargos con consideraciones humanitarias.
Pese a la contundencia de las acusaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, obtuvo una modificación en su medida cautelar que le permite enfrentar el proceso desde su residencia en Ensenada, Baja California. La Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, ha reiterado que el procedimiento judicial contra el exmandatario continúa su curso sin alteración, una afirmación que busca disipar percepciones de impunidad o flexibilización en casos de alto impacto.
La defensa del político argumentó razones humanitarias, destacando la avanzada edad de Ruffo Appel y diversos problemas de salud que justificaron la autorización judicial para trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, a su domicilio particular. El cambio de régimen cautelar, autorizado el 25 de septiembre, se produjo tras la presentación de dictámenes médicos que documentaron una cirugía y otros padecimientos.
Elementos de la Guardia Nacional ejecutaron el traslado el sábado 26 de septiembre, garantizando la custodia del imputado hasta su llegada a Ensenada. La FGR ha detallado que, a pesar de la prisión preventiva domiciliaria, el juez de control ha impuesto condiciones estrictas para el exgobernador. Estas incluyen vigilancia permanente por parte de la Guardia Nacional, la prohibición expresa de abandonar el país, el retiro de su pasaporte y visa, así como la obligación de evitar cualquier contacto con testigos o personas implicadas en la investigación en curso.
Implicaciones en la indagatoria de huachicol fiscal
La investigación contra Ruffo Appel se integra en una red de contrabando de combustible que involucra a otras 24 personas.
La imputación contra Ruffo Appel se inscribe en una indagatoria más extensa liderada por la FGR, enfocada en desmantelar una compleja red de contrabando de combustible que operaba vía ferroviaria, identificada por las autoridades como “huachicol fiscal”. Esta categorización eleva la gravedad del caso, vinculándolo directamente con operaciones ilícitas que impactan la hacienda pública y la seguridad energética nacional.
El 26 de agosto, la fiscal general Ernestina Godoy brindó detalles sobre un cateo estratégico realizado en dos bodegas localizadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante esta operación, agentes ministeriales y peritos aseguraron una considerable cantidad de documentación vinculada a operaciones de comercio exterior, las cuales se presume son clave para el entendimiento de la red criminal.
Entre los materiales confiscados se localizaron pedimentos de importación, actas de asamblea y diversos contratos que, según la fiscalía, proveerán elementos cruciales para esclarecer el modus operandi de la estructura investigada. La FGR anticipó que la información recabada en dicho cateo abriría nuevas líneas de investigación, interconectando a Ruffo Appel con otras 24 personas involucradas en la indagatoria, de las cuales nueve ya habían sido previamente detenidas. La detención de Ruffo Appel se materializó el 16 de julio en Ensenada, Baja California, y fue trasladado al penal de El Altiplano, donde el 22 de julio quedó formalmente sujeto a proceso penal por los delitos que la fiscalía le atribuye.
