La cúpula del partido oficialista enfrenta un quiebre interno debido al retorno de Rubén Rocha Moya al poder en Sinaloa, una maniobra que el diputado Ricardo Monreal califica como un riesgo inminente para la estabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum y la diplomacia bilateral con Estados Unidos.
El desmarque del régimen ante la crisis sinaloense
La reinstalación de Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa ha provocado una fractura política que obliga a los operadores del partido oficial a distanciarse de una decisión considerada estrictamente personal y ajena a la voluntad del Ejecutivo Federal. Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, sostiene que esta acción no representa el aval del Estado mexicano y cuestiona directamente la postura del mandatario sinaloense respecto al estado actual de las indagatorias ministeriales.
Riesgo de impunidad y vulnerabilidad diplomática
La permanencia de un gobernador bajo el escrutinio de la Fiscalía General de la República genera un escenario de alta vulnerabilidad que los críticos del régimen aprovechan para desgastar la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. El análisis de Monreal subraya que la tolerancia ante este tipo de movimientos contraviene el discurso oficial de no permitir excepciones en la aplicación del derecho. La preocupación central radica en que la falta de una licencia definitiva por parte de Rocha Moya sea interpretada por Washington como una afrenta directa al Estado de Derecho, tensando innecesariamente la relación con el socio comercial más importante de México.
La exigencia de una licencia definitiva
Ante el colapso de la legitimidad política provocado por el regreso de Rocha Moya, la cúpula legislativa morenista ha exigido públicamente que el mandatario sinaloense reconsidere su postura y se separe de forma definitiva de su encargo. El argumento principal de esta solicitud es evitar que la imagen de la presidencia y el proyecto político actual sean dañados por las consecuencias de una investigación que involucra a diversos servidores públicos. La insistencia de Monreal expone la debilidad de las estructuras estatales frente a las investigaciones federales y la urgencia de contener un daño que amenaza con escalar a una crisis de gobernabilidad sistémica en Sinaloa.
(Con información de Apro)
