La propuesta del alcalde Jader de Jesús Clavijo Bañol de sancionar a ciudadanos por proporcionar agua o comida a animales en espacios públicos en Quinchía, Risaralda, desató un conflicto entre la gestión municipal y la legislación vigente de protección animal.
El origen de la disputa en Risaralda
La controversia surge a raíz de la presencia de cinco perros, identificados como “la banda del Serrucho”, quienes deambulan por las calles del municipio generando quejas ciudadanas.
El alcalde Jader de Jesús Clavijo Bañol planteó la imposición de comparendos a comerciantes y particulares que suministren alimento o agua en parques y vías públicas. El funcionario justifica la medida argumentando riesgos de seguridad vial, reportes de persecuciones a motociclistas, mordeduras y problemas de salubridad por acumulación de excrementos. Según datos difundidos por el mandatario, el municipio registra más de 160 accidentes relacionados con perros, de los cuales más de 70 habrían ocurrido durante el transcurso de 2026; no obstante, estas cifras carecen de respaldo mediante boletines sanitarios oficiales o informes públicos verificables.
La postura institucional frente a las críticas
Tras la repercusión mediática de sus declaraciones iniciales, la administración local intentó matizar el alcance de la propuesta mediante una aclaración oficial.
Clavijo Bañol argumentó que el fragmento de video difundido originalmente fue editado, sosteniendo que el objetivo real es la protección de los animales, la mitigación de riesgos durante eventos masivos y la promoción de procesos de adopción. La Alcaldía exhibió registros visuales de un hogar de paso donde, según el responsable del lugar, los perros cuentan con:
- Suministros básicos: Acceso a agua, espacios abiertos y alimentación controlada.
- Atención especializada: Servicios de medicina veterinaria y condiciones de bienestar.
- Protocolos de seguridad: Traslado preventivo de los animales durante eventos con aglomeraciones para evitar atropellamientos o reacciones adversas a la pirotecnia.
Rechazo del poder legislativo a las sanciones
La propuesta de criminalizar la alimentación de animales abandonados enfrentó una oposición directa por parte de integrantes del Congreso de la República.
La senadora Andrea Padilla cuestionó la viabilidad de la medida y exigió transparencia sobre los programas municipales de esterilización, atención veterinaria y el cumplimiento de las normas de bienestar animal. Por su parte, la congresista Esmeralda Hernández desestimó las posibles sanciones y convocó a una jornada de atención para perros y gatos en situación de calle en Quinchía, programada para el 23 de julio. Ambas legisladoras enfatizaron que las autoridades deben priorizar la educación ciudadana y la prevención del abandono por encima de las políticas punitivas.
Marco legal vigente sobre bienestar animal
La normativa colombiana establece obligaciones claras para los municipios respecto a la protección de los animales, limitando la potestad de las autoridades locales para prohibir actos de solidaridad o auxilio.
- Ley 1774 de 2016: Reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe explícitamente que sufran hambre o sed, imponiendo a la sociedad y al Estado el deber de asistirlos.
- Ley 2054 de 2020: Obliga a los municipios a gestionar albergues o centros de bienestar animal, permitiendo el apoyo a fundaciones mientras se garantiza la infraestructura adecuada.
- Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel): Refuerza el marco sancionatorio contra el maltrato animal e institucionaliza las labores de reporte e inspección por parte de las autoridades territoriales y la Policía.
Hasta el 13 de julio de 2026, no se ha oficializado ninguna norma o decreto que valide la aplicación de multas por alimentar animales en la vía pública dentro del municipio.
