La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde rechazaron que la reforma en materia de propiedad industrial aprobada por el Senado sancione memes, parodias o críticas al gobierno, limitando el tipo penal exclusivamente al fraude mediante la suplantación de identidad institucional.
Alcance institucional de la reforma industrial
El Ejecutivo federal blindó la discusión legislativa al puntualizar que la normativa persigue la suplantación de identidad institucional a escala comercial para perpetrar estafas.
La administración central desestimó las versiones que apuntan hacia una censura digital. La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, desmintió los señalamientos que circulan en la opinión pública y aseguró que la modificación legal carece de vinculación con la restricción de expresiones satíricas o críticas ciudadanas. El posicionamiento oficial subraya que el diseño normativo atiende un vacío legal en la legislación vigente respecto al uso indebido de recursos gráficos gubernamentales.
Mecanismos de fraude y suplantación oficial
El nuevo marco punitivo castiga específicamente el uso de portales falsos del IMSS y del SAT para consumar fraudes financieros.
La estrategia gubernamental busca inhibir la operación de particulares que emplean la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos oficiales de instancias públicas para aparentar legalidad y engañar a la ciudadanía. Se identificaron ilícitos donde particulares simulan ser funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social para tramitar pensiones o exigen depósitos monetarios a nombre del Servicio de Administración Tributaria bajo el pretexto de regularizar situaciones fiscales.
La configuración del ilícito requiere que la conducta se ejecute a escala comercial y con la clara intención de inducir al error sobre el origen oficial de plataformas o sistemas informáticos para consumar una actividad delictiva. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el sistema legal carecía de herramientas para sancionar la fabricación de contenidos audiovisuales apócrifos, tales como videos manipulados donde autoridades promueven operaciones financieras o inversiones fraudulentas, por lo que la reforma busca la restitución de recursos a las víctimas.
(Con información de El Economista)
