La administración federal destina una inversión social anual superior a un billón de pesos para financiar programas asistenciales que alcanzan a más de 42 millones de personas mediante dieciocho esquemas operativos administrados por la Secretaría de Bienestar.
La maquinaria clientelar del régimen y su costo fiscal
El gasto social operado por el gobierno de Claudia Sheinbaum moviliza cifras históricas con la promesa de erradicar intermediarios, aunque diversos sectores críticos denuncian un uso político de los padrones de beneficiarios. Durante la conferencia matutina, Leticia Ramírez Amaya detalló que el presupuesto asignado sostiene una red de transferencias monetarias directas que cubren a más de 42 millones de mexicanas y mexicanos durante el ejercicio fiscal de 2026. La narrativa oficial insiste en que la administración eficiente y transparente de los recursos públicos permite fondear estos programas sin requerir una reforma fiscal profunda, postura que evade el análisis sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo de estas estructuras corporativas.
Radiografía del gasto asistencial y pensiones prioritarias
La dispersión de recursos concentra su mayor esfuerzo en la pensión para adultos mayores, un esquema con más de trece millones de beneficiarios que reciben seis mil cuatrocientos pesos bimestrales a través del Banco del Bienestar. En el segmento de discapacidad, la cobertura alcanza a dos millones de personas con un apoyo de tres mil trescientos pesos cada dos meses, consolidado mediante convenios con veinticuatro entidades federativas para atender a población de cero a sesenta y cuatro años. Asimismo, la pensión para mujeres de sesenta a 64 años suma casi tres millones de inscritas con un monto de tres mil cien pesos bimestrales, mientras que el programa sembrando vida mantiene a más de cuatrocientos mil sembradores con un pago mensual de seis mil cuatrocientos cincuenta pesos destinado supuestamente a reactivar la economía rural.
Operatividad en crisis y el financiamiento fiscal de la chequera oficial
La dependencia federal reportó la atención a cien mil familias damnificadas en octubre de 2025 tras lluvias torrenciales en Puebla, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, aplicando siete mil cuatrocientos veintiséis millones de pesos en recursos y enseres domésticos, además de atender a cinco mil personas en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros y entregar apoyos económicos a diez mil noventa y siete migrantes repatriados o en tránsito bajo la estrategia México te Abraza. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la permanencia de estos desembolsos millonarios asegurando que provienen del combate a la evasión fiscal y a empresas factureras, anticipando que estas acciones fiscalizadoras integrarán el próximo paquete económico en medio de cuestionamientos sobre la opacidad en el manejo discrecional de los ahorros gubernamentales.
(Con información de El Economista)
