*El Departamento de Justicia de aquel país informó sobre irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas
11 de mayo de 2021.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que recibió información del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de América, que podría solidificar las acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas.
Por medio de un comunicado, la FGR señaló que esta información vinculan al mandatario estatal, Ismael “G”, José Manuel “G”, José Ramón “C” y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales.
El país del norte informó sobre irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas, por lo que la Fiscalía indicó que se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente.
“La misma, se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso”, indicó.
Proceso de desafuero
Vale recordar que,hace unas semanas, la Cámara de Diputados federal aprobó la solicitud de procedencia de la FGR para desaforar al mandatario estatal, quien lo acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Sin embargo, los legisladores sólo concluyeron que existió una diferencia entre sus ingresos declarados durante 2019 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los que realmente obtuvo por un monto de (un poco más de) 6 millones 511 mil 777.57 pesos.
A pesar de ello, el Congreso de Tamaulipas votó en contra de homologar la declaratoria de procedencia que emitieron los diputados federales en la Ciudad de México.
Además de mantener el fuero del mandatario panista, para evitar que en la entidad se le siga algún procedimiento, el Congreso local aprobó interponer un juicio de controversia constitucional. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que determine qué instancia tiene la razón en este procedimiento legislativo.
Y es que el Artículo 111 de la Constitución federal señala que, una vez avalado el desafuero en la Cámara de Diputados, “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda lo que corresponde”.
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicaron que esperarán al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
