- Pese a la falta de medicamentos, la Secretaría de Salud tiene un subejercicio de 18 mil 702 millones de pesos, de enero a abril de este año.
CIUDAD DE MÉXICO, Julio 17 (XPFM).- Ante el repunte de casos por la Quinta Ola de Covid-19, el mal manejo del gobierno, el desastre en el sistema de salud provocado por el control político y las decisiones convenientes al gobierno morenista, es necesario que el Consejo de Salubridad General retome sus atribuciones técnicas y autónomas para el manejo de las enfermedades graves con evidencia científica y con criterios de salud pública.
Así lo expresó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, tras asegurar que el manejo centralizado de la pandemia por parte de la subsecretaría de Salud, se hizo violando la ley al desplazar al Consejo de Salubridad General en la toma de decisiones, cuando es la autoridad sanitaria reconocida en la Constitución para estos casos.
Las políticas irresponsables de este gobierno, sostuvo, provocaron la desarticulación del Censo de Enfermedades Raras buscando no dar tratamiento a más, además provocaron el desfalco del Fondo de Salud para el Bienestar.
“El manejo de la pandemia fue criminal, los resultados fueron un desastre: entre 2020 y 2021 hubo en México un exceso de mortalidad ligado al COVID19 de 626 mil personas, tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud”, destacó Cortés Mendoza.
El presidente Nacional del PAN hizo un llamado a los legisladores federales para que dictaminen la Iniciativa que reforma la Ley General de Salud presentada por Acción Nacional, con el fin de otorgarle plena autonomía al Consejo de Salubridad General para que adquiera capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población, sin intervención de factores políticos.
Asimismo, señaló, es urgente que el Consejo cuente con recursos presupuestales, materiales y humanos propios, sin la intermediación de la Secretaría de Salud, a fin de que goce de absoluta autonomía operativa y de financiamiento.
En un análisis realizado al sistema de salud, indicó Cortés Mendoza, está claro que existe una incapacidad absoluta del INSABI y el IMSS Bienestar para atender a la población que antes recibía los servicios del Seguro Popular, por lo que también es urgente hacer reformas legales para restituir el Seguro Popular.
“Para reconstruir nuestro sistema de salud y garantizar servicios de calidad a la población que no cuenta con seguridad social, es imperativo volver a incorporar a la ley mecanismos para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, tales como la existencia del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos para atender las enfermedades graves, como el cáncer”, sostuvo.
Este fondo, aseguró, aún existe, pero cada año es saqueado para gastos “operativos” completamente opacos del INSABI, mientras la población gasta más de su bolsillo. De tener 112 mil millones de pesos disponibles, con el cambio al INSABI le quedan solamente 69 mil millones que son completamente insuficientes.
El líder panista afirmó que desde que nació el INSABI, más mexicanos cayeron en la pobreza y en la pobreza extrema por hacer frente a gastos extraordinarios y catastróficos para atender la salud de un ser querido.
De los 55 millones de mexicanas y mexicanos antes cubiertos por el Seguro Popular, el INSABI solo atiende a 33 millones, es decir, más de 20 millones de mexicanos están completamente desamparados y la población sin seguridad social sigue creciendo.
Añadió que mientras una gran cantidad de mexicanos enfrentan la falta de atención médica o el desabasto de medicamentos, la Secretaría de Salud federal es incapaz de ejercer de forma eficaz su presupuesto, pues de enero a abril de este año reportó un subejercicio de 18 mil 702 millones de pesos, equivalentes a 31 por ciento.
Cortés Mendoza agregó que una reforma a la Ley General de Salud también debe hacer obligatorias las pruebas de tamiz neonatal ampliado, que permitan el diagnóstico oportuno de 67 enfermedades.
Asimismo, legislar en materia de objeción de conciencia, para que no se criminalice y sancione a los profesionales de salud, que usen su derecho establecido en la Constitución sobre la libertad de conciencia cuando por esa razón no deseen participar en algún procedimiento.
Finalmente, se deben legislar para garantizar los cuidados paliativos para los enfermos terminales, buscando que pasen sus últimos días con el menor dolor y sufrimiento posible.