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Policías municipales en México caen a mínimo histórico tras el abandono federal

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La organización Causa en Común reveló que el número de policías municipales operativos en México disminuyó a 166,224 elementos entre 2022 y 2024, ubicándose en la cifra más baja desde 2010, mientras 516 municipios carecen de una corporación formalmente constituida.

La militarización y el desplazamiento de mandos civiles en los estados

Secretarías estatales de seguridad pública operan bajo control militar tras la designación de quince titulares castrenses en el país.

El informe Las Policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026) documentó que, al 9 de octubre de 2026, 15 secretarías estatales de seguridad estaban encabezadas por mandos con origen en las Fuerzas Armadas, divididos en siete procedentes del Ejército y ocho de la Marina. Para la organización civil, esta tendencia impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debilita los incentivos para consolidar una carrera policial civil y favorece la sustitución de capacidades locales por esquemas de mando castrense, en detrimento del desarrollo de las instituciones civiles de seguridad pública. En el ámbito estatal, el personal de las 31 entidades con datos homogéneos aumentó a 123,790 elementos operativos al cierre de 2025, excluyendo a la Ciudad de México, aunque las discrepancias territoriales y los ajustes metodológicos locales dificultan consolidar una tendencia nacional uniforme.

El desmantelamiento presupuestal y la disparidad frente a las Fuerzas Armadas

La eliminación del Fortaseg y la insuficiencia de fondos federales agudizan la precariedad financiera de las corporaciones locales.

El informe de Causa en Común identificó que uno de los principales rezagos radica en el financiamiento, derivado de la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en 2021, lo cual dejó a las policías municipales sin subsidio federal directo. Su sustituto, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), creado en 2023, recibió 1,166 millones de pesos para 2026, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) contó con 9,951 millones de pesos. En conjunto, ambos fondos sumaron 11,117 millones de pesos, una cifra drásticamente inferior frente a los 236,679 millones de pesos asignados a las Fuerzas Armadas en el mismo ejercicio presupuestal. Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) registró 61 sesiones ordinarias y 123 acuerdos entre 2018 y 2024, los cuales carecieron en diversos casos de plazos claros, estándares de cumplimiento y mecanismos de sanción ante los incumplimientos gubernamentales.

Rezagos en profesionalización, certificación y opacidad en controles de confianza

Miles de elementos reprobados permanecen en activo ante la ausencia de registros sistemáticos de bajas laborales.

En materia de desarrollo profesional, 21 de las 32 corporaciones estatales carecen de catálogos de puestos actualizados y solamente 17 corporaciones han constituido formalmente su Servicio Profesional de Carrera. Respecto a la certificación, durante 2024 el Certificado Único Policial se mantuvo vigente en 70% de los elementos estatales y 57% de los municipales, con contrastes severos como Chiapas y Chihuahua con coberturas del 100%, frente al 2% registrado en Oaxaca. Las evaluaciones de control de confianza evidenciaron graves fallas operativas y opacidad institucional, ya que Puebla reportó 817 policías no aprobados sin ninguna baja asociada; Michoacán registró 483 casos sin bajas, y Nayarit acumuló 202 casos sin bajas. En el ámbito municipal, 4,804 policías, equivalentes al 3% de los evaluados en 2024, no aprobaron los exámenes y carecen de registros suficientes sobre su situación laboral posterior, evidenciando la falta de supervisión gubernamental.

Salarios de pobreza y profunda brecha en la seguridad social municipal

Más de la mitad de los policías municipales percibe ingresos inferiores a los quince mil pesos mensuales.

Las condiciones laborales reflejan una profunda vulnerabilidad institucional frente al ingreso mínimo digno estimado por Causa en Común en 16,668 pesos netos mensuales, ya que 6.9% de los policías estatales percibe menos de 10,000 pesos al mes y 55% de los policías municipales gana menos de 15,000 pesos. La cobertura de seguridad social presenta una marcada disparidad, pues mientras 97.6% de los policías estatales cuenta con este derecho, entre los elementos municipales la proporción se desploma al 53%. Para revertir este escenario de abandono histórico, la organización planteó la creación de un Servicio Nacional de Policía, homologar los procesos de reclutamiento, incrementar los recursos del FASP y del Fofisp, recuperar esquemas de financiamiento directo para los municipios y garantizar que al menos 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se destine exclusivamente a la seguridad pública.

(Con información de Causa en Común)

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