El Parlamento de Polonia discutirá este martes dos proyectos de ley impulsados por la coalición gobernante para despenalizar parcialmente la interrupción del embarazo y revertir las restricciones impuestas por el Tribunal Constitucional en el año 2020.
El debate legislativo busca modificar un marco legal considerado entre los más severos de la Unión Europea dentro de un país de marcada tradición católica.
La primera iniciativa legislativa fue presentada por el partido de centroderecha Coalición Cívica, encabezado por el primer ministro Donald Tusk, junto con La Izquierda. Este bloque propone despenalizar parcialmente la interrupción del embarazo y eliminar las sanciones penales que actualmente castigan con hasta tres años de prisión a quienes ayuden a realizar este procedimiento médico.
Las discrepancias internas en la coalición gubernamental y la oposición conservadora complican la aprobación de las reformas orientadas a suavizar el marco restrictivo actual.
Un segundo proyecto de ley fue promovido por los sectores más conservadores de la propia alianza oficialista, integrados por Polonia 2050 y el Partido Popular Polaco. Esta propuesta persigue revertir los efectos jurídicos del polémico fallo emitido en 2020 por el Tribunal Constitucional, resolución que ilegalizó la interrupción del embarazo ante casos de malformaciones fetales graves.
La normativa vigente limita estrictamente el acceso a la intervención médica únicamente a situaciones derivadas de delitos como violación o cuando existe riesgo para la salud de la madre.
Antes de la sentencia dictada por el máximo órgano judicial polaco, el 98% de los abortos legales practicados en el país respondían a diagnósticos de anomalías fetales graves. Estadísticas difundidas por el Fondo Nacional de Salud de Polonia señalan que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron apenas 573 abortos en hospitales públicos, mientras que el año anterior la cifra alcanzó un total de 851 intervenciones en el mismo sector sanitario.
La promulgación de aquellas restricciones desencadenó protestas multitudinarias sin precedentes desde el colapso del régimen anticomunista en 1989.
El panorama político actual mantiene un alto nivel de incertidumbre debido a las divisiones internas dentro de la mayoría parlamentaria y la postura adoptada por la oposición de derecha, donde algunas facciones no han definido una directriz de voto uniforme para sus integrantes. Además, cualquier modificación legislativa aprobada en el recinto enfrentará inevitablemente el veto presidencial del mandatario conservador nacionalista Karol Nawrocki, quien mantiene una línea política afín al partido Ley y Justicia, impulsor original del fallo restrictivo de 2020.
(Con información de AFP)
