El Parlamento de Polonia aprobó dos iniciativas para flexibilizar el acceso al aborto, eliminando sanciones penales y revirtiendo restricciones por malformaciones fetales, aunque la medida enfrenta la amenaza directa de veto del presidente conservador nacionalista Karol Nawrocki.
Iniciativas legislativas avanzan pese a fracturas en la coalición gubernamental
El legislativo polaco sacó adelante dos proyectos clave para modificar el marco legal sobre la interrupción del embarazo tras meses de retrasos derivados de discrepancias internas.
La votación en el legislativo reflejó la complejidad del escenario político actual. El primer proyecto de ley, presentado por el partido de centroderecha Coalición Cívica (KO), del primer ministro Donald Tusk, y La Izquierda, despenaliza parcialmente la interrupción del embarazo y elimina las sanciones penales por ayudar a realizar un aborto, una falta que actualmente castiga a los colaboradores con hasta tres años de prisión. Esta primera propuesta se aprobó con 217 votos a favor, 213 en contra y tres abstenciones, evidenciando un margen sumamente cerrado.
Un segundo proyecto, impulsado por los aliados más conservadores de la coalición gubernamental, específicamente los bloques Polonia 2050 y el Partido Popular Polaco (PSL), busca revertir los efectos del fallo emitido en el otoño de 2020 por el Tribunal Constitucional (TK), el máximo órgano judicial del país, el cual declaró ilegal el aborto en casos de malformaciones fetales graves. Esta segunda iniciativa obtuvo 233 votos a favor, 203 en contra y una abstención, consolidando un respaldo ligeramente mayor en el pleno.
Restricciones vigentes y el impacto del fallo judicial en los hospitales
El marco normativo actual limita drásticamente la interrupción del embarazo a solo dos supuestos excepcionales vinculados a delitos o riesgos médicos.
El gobierno centrista y proeuropeo encabezado por Donald Tusk asumió el compromiso de flexibilizar las normativas sobre la interrupción del embarazo antes de alzarse con la victoria en las elecciones celebradas en 2023. Sin embargo, las fricciones ideológicas al interior de la alianza en el poder frenaron temporalmente la agenda reformista. En la actualidad, el sistema polaco permite el aborto exclusivamente cuando el embarazo deriva de un crimen, como una violación o un incesto, o cuando existe un peligro real para la vida o la salud de la madre.
El dictamen emitido por el Tribunal Constitucional en el otoño de 2020 determinó que las anomalías fetales graves carecen de validez jurídica como motivo para interrumpir la gestación. Con anterioridad a dicha resolución judicial, el 98% de los abortos legales practicados en territorio polaco se amparaban precisamente en esa causal médica. Las estadísticas provistas por el Fondo Nacional de Salud de Polonia (NFZ) indican que durante el primer semestre de 2026 se efectuaron únicamente 573 abortos en hospitales públicos del país, mientras que el año previo la cifra total se situó en 851 procedimientos en nosocomios estatales.
El factor presidencial y la sombra del veto conservador
La promulgación de las nuevas normas depende de la decisión final del jefe de Estado vinculado al anterior régimen político.
Las restricciones impuestas en el pasado reciente detonaron un ciclo de protestas generalizadas en toda la nación, configurando las movilizaciones masivas más importantes registradas en Polonia desde el auge del movimiento anticomunista en 1989. Tras la sanción de los proyectos en el parlamento, el proceso legislativo traslada la responsabilidad hacia el presidente conservador nacionalista Karol Nawrocki, quien accedió al cargo con el respaldo del partido Ley y Justicia (PiS), la fuerza política que impulsó y sostuvo el fallo restrictivo de 2020.
(Con información de AFP)
