La vinculación a proceso del exgobernador Ángel Aguirre Rivero representa un avance judicial, pero los familiares de los 43 normalistas advierten que la administración de Claudia Sheinbaum y la FGR pretenden limitar la narrativa de los hechos al ámbito local para evadir responsabilidades federales.
El riesgo de la narrativa estatal en el caso Ayotzinapa
La estrategia gubernamental busca clausurar el caso concentrando las culpas en funcionarios de Guerrero, ignorando la exigencia de justicia sobre actores federales.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos señalan que la detención de Ángel Aguirre Rivero por desaparición forzada es insuficiente. Existe una preocupación latente sobre la intención del gobierno federal de presentar el caso como un asunto exclusivamente estatal, omitiendo las líneas de investigación pendientes que involucran directamente a instituciones de seguridad nacional.
Exigencias hacia el aparato federal y militar
La investigación debe trascender la esfera local e incluir a las instituciones que tuvieron conocimiento y participación activa en los hechos de 2014.
Mario González Contreras y Cristina Bautista han identificado actores y dependencias que permanecen intocables pese a los señalamientos acumulados desde hace más de una década:
- Ejército Mexicano: Exigencia de esclarecimiento sobre su rol la noche del 26 de septiembre en Iguala.
- Secretaría de Marina: Involucramiento institucional en las omisiones y fabricación de la narrativa oficial.
- Omar García Harfuch: Incluido por los padres en la lista de funcionarios que no han sido llamados a cuentas.
- Salvador Cienfuegos: Señalado como pieza clave en la estructura de mando que debe ser investigada.
- Enrique Peña Nieto: Responsabilidad atribuida por el conocimiento y validación de la denominada “verdad histórica”.
La verdad histórica como estrategia de ocultamiento
Los padres de los 43 normalistas sostienen que el expresidente Enrique Peña Nieto es un actor central en la arquitectura del encubrimiento.
La exigencia de investigación hacia el expresidente se fundamenta en su capacidad de mando y su omisión deliberada ante la construcción de una narrativa falsa. Los familiares argumentan que la protección institucional a figuras de alto nivel sugiere un intento de salvaguardar intereses superiores vinculados al Ejército y la Marina, ocultando una realidad de proporciones que la actual administración busca evitar revelar a casi 12 años de la tragedia.
El llamado a la revelación de datos
La búsqueda de los 800 folios pendientes es el punto de inflexión para evitar la impunidad sistémica.
Los familiares reiteran que no aceptarán una resolución parcial del caso. La detención de Ángel Aguirre Rivero debe servir como mecanismo de presión para que el exgobernador aporte información sobre los funcionarios federales implicados. La postura es clara: el proceso no debe concluir con una detención aislada, sino con la revelación de la cadena de mando que permitió, por acción u omisión, la desaparición forzada de los normalistas.
