La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el impacto legal de la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, calificando la decisión migratoria como un asunto ajeno a la esfera penal mexicana y rechazando iniciar indagatorias por las presuntas vinculaciones con el huachicol fiscal que han trascendido en la esfera pública.
Descalificación oficial ante los cuestionamientos migratorios
La titular del Ejecutivo federal restó relevancia jurídica al retiro del documento migratorio otorgado por las autoridades estadounidenses al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum Pardo enfatizó que la revocación de un permiso de entrada a territorio extranjero no constituye evidencia de un hecho delictivo ni es un argumento suficiente para activar los protocolos de la Fiscalía General de la República. La postura oficial sostiene que la visa es una facultad discrecional y soberana del gobierno de Estados Unidos, por lo cual su cancelación no debe ser interpretada como una sentencia de culpabilidad ni como un mandato para que las instituciones mexicanas procedan penalmente contra el individuo señalado.
Rechazo a la injerencia extranjera y exigencia de pruebas
El gobierno de la República mantiene la postura de que cualquier señalamiento contra López Beltrán debe estar respaldado por pruebas fehacientes antes de considerar el inicio de investigaciones formales. Sheinbaum puntualizó que México opera bajo un esquema de coordinación sin subordinación con Washington y dejó claro que no solicitará explicaciones por decisiones migratorias ajenas, exigiendo que si existen elementos probatorios reales sobre actividades ilícitas como el huachicol fiscal, estos sean presentados conforme a los mecanismos legales de cooperación internacional. La mandataria reiteró que el sistema de justicia nacional es el único facultado para determinar responsabilidades dentro del territorio, desmarcándose de las presiones externas que buscan vincular la situación migratoria del implicado con un esquema de criminalidad organizada.
Inexistencia de expedientes por huachicol fiscal
La administración central reafirmó la inexistencia de una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel López Beltrán por su presunta relación con redes de contrabando de hidrocarburos. La presidenta insistió en que las autoridades no pueden fundamentar sus actuaciones en especulaciones políticas o señalamientos periodísticos, subrayando que la falta de elementos probatorios impide el avance de cualquier proceso legal. Con este posicionamiento, el Poder Ejecutivo intenta encapsular el caso como un conflicto político e injerencista, desestimando la relevancia de los reportes que vinculan al hijo del exmandatario con redes de corrupción, manteniendo un frente de protección institucional ante el escrutinio internacional y la creciente demanda de transparencia sobre los negocios del círculo cercano al lopezobradorismo.
(Con información de El Economista)
