- Instó al país a derogar la legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 04 (XPFM).- En un contexto de crisis sociopolítica, el 9 de febrero, 222 nicaragüenses fueron deportados a Estados Unidos. El religioso se negó a ir con el grupo, por lo que se le encarceló con 36 personas más. Al día siguiente se le condenó a 26 años de prisión por traición a la patria y se le despojó de su nacionalidad, en uno de los muchos abusos denunciados en una actualización de la situación de los derechos humanos en ese país.
La subsecretaria general de la ONU para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, presentó este viernes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una serie de violaciones de las garantías fundamentales cometidas en Nicaragua del 15 de diciembre de 2022 a la fecha.
La actualización oral, que siguió al informe sobre el tema presentado ayer por el Grupo de Expertos sobre ese país, destacó la liberación el 9 de febrero de 222 personas que habían sido detenidas arbitrariamente en prisiones o arresto domiciliario para su traslado a Estados Unidos en un vuelo pagado por ese país. El gobierno de Nicaragua afirmó que se trataba de deportaciones y acusó a esas personas de traición a la patria, despojándolas de su nacionalidad y privándolas de sus derechos civiles y políticos. Según informaciones de la Oficina de la ONU, también se habrían eliminado del registro civil nacional sus partidas de nacimiento.
Brands Kehris se refirió en particular al caso del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que se negó a ser deportado y fue enviado a prisión junto con otras 36 personas que continúan privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica.
El 10 de febrero, el obispo fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por traición a la patria, despojado de su nacionalidad nicaragüense y privado de por vida de sus derechos políticos. Su abogada no fue informada con antelación y, aparentemente, la sentencia fue dictada sin juicio previo.
El 15 de febrero, Nicaragua declaró “traidores a la patria” a otras 94 personas sin juicio previo, despojándolas así de su nacionalidad y sus bienes, y determinó que eran “prófugas”. Entre las personas afectadas hay activistas de derechos humanos, periodistas, activistas y dirigentes sociales y políticos, en el exilio y en Nicaragua.
EFECTO AMEDRENTADOR
La subsecretaria general afirmó que estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. “Tienen un efecto amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses tanto en el país y como en el exilio”, dijo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó a Nicaragua a liberar incondicionalmente a esas 37 personas -monseñor Álvarez entre ellas-, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones.
Asimismo, instó al país a derogar la legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica.
VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
Brands Kehris agregó que la Oficina ha documentado un patrón de violaciones a las normas y estándares del debido proceso en los juicios de enero y febrero a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022, al igual que la aplicación de sentencias no previstas en el Código Penal de Nicaragua, incluso con carácter retroactivo a quienes fueron condenados el año pasado.
También dio cuenta de testimonios sobre restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales que sufren en Nicaragua quienes no poseen la cédula de militante del partido gobernante y refirió transgresiones de los derechos de los pueblos indígenas, mencionando, entre otros abusos, acciones violentas contra dos comunidades indígenas en el municipio de Waspam que causaorn el desplazamiento de sus territorios ancestrales.
INVESTIGACIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
“Instamos al Estado de Nicaragua a que lleve a cabo investigaciones exhaustivas, garantice que los responsables sean llevados a la justicia y se otorguen reparaciones integrales a las comunidades afectadas”, puntualizó.
La subsecretaria subrayó la erosión continua de los derechos humanos en el país centroamericano y apuntó que una de sus consecuencias es la emigración, detallando que en la primera mitad de 2022 más de 260.000 nicaragüenses habían debido huir del país, sobre todo hacia Costa Rica y Estados Unidos.
Para concluir, Brands Kehris exhortó al Consejo de Derechos Humanos a promover todas las medidas pertinentes para revertir la actual crisis e impulsar la rendición de cuentas.