Tras la detención de Ismael “Mayo” Zambada, Omar García Harfuch detalló acciones para contener la violencia en Sinaloa, que se disparó más del 200 por ciento en homicidios. El operativo reacciona a una crisis sin precedentes en la entidad.
Escalada de violencia: la respuesta tardía en Sinaloa
El informe presentado por Omar García Harfuch en la Mañanera del 7 de julio de 2026 detalla la respuesta del gobierno a la dramática escalada de violencia en Sinaloa.
La entidad padeció un incremento superior al 200 por ciento en los homicidios dolosos, una situación que se originó directamente con la captura irregular de Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel del Pacífico, el 25 de julio de 2024. Este quiebre de seguridad en la región fue alimentado por la disputa entre facciones criminales internas del mismo grupo, lo que evidenció una deficiencia en la contención preventiva por parte de las autoridades. Zambada fue detenido en un aeropuerto privado en Santa Teresa, Nuevo México, bajo circunstancias que sugieren una presunta traición y secuestro orquestados por Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio Joaquín “El Chapo” Guzmán. Estos eventos, lejos de pacificar, desataron una vorágine de inseguridad.
La directriz presidencial y el despliegue operativo reactivo
La presidenta Claudia Sheinbaum, al inicio de su administración, instruyó el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, lo cual se tradujo en un mayor despliegue operativo.
Esta orden ejecutiva buscó contener la violencia ya desatada, con una presencia permanente de las instituciones del gabinete de seguridad, así como trabajos de inteligencia e investigación enfocados en la identificación y detención de “generadores de violencia”. Omar García Harfuch, en Palacio Nacional, afirmó que la lucha contra la inseguridad y los grupos delincuenciales ha sido constante desde entonces, sin importar su facción o pertenencia. Sin embargo, la acción presidencial se da en un contexto de deterioro ya manifiesto, cuestionando la proactividad de la estrategia gubernamental. La respuesta, aunque robusta, parece más una medida de contención de daños que una política preventiva eficaz frente a la dinámica criminal.
Balance operativo: arrestos y aseguramientos en el terreno
Desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, el trabajo de las fuerzas de seguridad en Sinaloa ha resultado en importantes aseguramientos y detenciones de presuntos delincuentes.
Durante este periodo, las autoridades lograron la detención de 2 mil 540 personas implicadas en delitos de alto impacto en la entidad. El enfoque operativo se centró en mermar la capacidad funcional de los grupos criminales. Los datos revelados por García Harfuch apuntan a la confiscación de:
- Más de 94.5 toneladas de drogas, incluyendo mil 300 kilogramos y 2 millones de pastillas de fentanilo.
- 5,900 armas de fuego, lo que representa aproximadamente el 20% del armamento asegurado en todo el país durante la actual administración.
- 1 millón de cartuchos, evidenciando la magnitud del poder de fuego que operaba en la región.
Estos resultados, aunque cuantificables, no logran disipar la percepción de un control efectivo si se consideran en el marco de la violencia sostenida y el origen de las facciones combatidas.
Confrontación interna: el combate a facciones del Cártel de Sinaloa
El Secretario de Seguridad reiteró que las operaciones han confrontado directamente a las distintas facciones que integran el Cártel de Sinaloa.
Omar García Harfuch confirmó el combate a los denominados “Mayos” y “Chapos”, una declaración que subraya la persistencia de las disputas internas dentro de la organización criminal. Esta estrategia, aunque apunta a desmantelar la estructura delictiva, también expone la fragilidad del control estatal ante el reacomodo de fuerzas criminales que operan con relativa impunidad en la entidad. La detención de Zambada, un evento provocado por una traición interna, más que por una operación estatal directa, ya había marcado un hito en la reconfiguración de estos grupos, a la cual el gobierno reacciona con acciones de contención.
