CIUDAD DE MÉXICO, octubre 05 (XPFM).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió a las autoridades investigar los señalamientos sobre presuntas redes de tráfico de influencias y negocios vinculados con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Moreno sostuvo que existen elementos suficientes para que las autoridades revisen las relaciones entre empresarios, contratistas y personas cercanas a la familia del exmandatario. Entre los proyectos mencionados se encuentran el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, dos de las principales obras de infraestructura impulsadas durante el sexenio de López Obrador.
El priista también hizo referencia a investigaciones periodísticas que han señalado al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio por presuntos vínculos con los hijos del expresidente y por operaciones relacionadas con contratos públicos. Estos reportajes han abordado, entre otros asuntos, el suministro de materiales para proyectos ferroviarios y contratos de medicamentos.
El reclamo de Moreno ocurre luego de que Amílcar Olán, empresario beneficiado por la 4T, fuera localizado recientemente en Suiza, y después de que distintos medios documentaran presuntos vínculos empresariales y políticos.
En el caso del Tren Interoceánico, además, las obras y su operación han enfrentado cuestionamientos posteriores al descarrilamiento ocurrido en Oaxaca. Investigaciones han documentado irregularidades relacionadas con la contratación del seguro obligatorio para pasajeros durante el primer año de operación, mientras que la FGR abrió una investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.
Frente a este panorama, Moreno insistió en que las investigaciones deben alcanzar a cualquier persona que resulte involucrada, independientemente de su relación política o familiar. “No se puede permitir que haya una protección absoluta”, sostuvo el dirigente priista.
La exigencia coloca nuevamente bajo análisis la relación entre poder político, contrataciones públicas y empresarios cercanos a la familia presidencial. El punto pendiente, más allá de las acusaciones entre partidos, es determinar mediante investigaciones oficiales si los señalamientos periodísticos contienen elementos suficientes para establecer responsabilidades administrativas o penales.
