Cuatro exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) recibieron multas por 777.8 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años. Estas sanciones, emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), corresponden a desvíos de fondos y exceder recursos en 2019.
Consecuencias del quiebre en Segalmex
El TFJFA dictaminó sanciones severas contra cuatro exservidores públicos de Segalmex, un caso emblemático de corrupción en el sexenio actual.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ha dictaminado resoluciones severas contra cuatro exservidores públicos de Segalmex, en el contexto del que ha sido calificado como el mayor escándalo de corrupción del sexenio lopezobradorista. Esta entidad, ahora conocida como Alimentación para el Bienestar (Alibien), concentró irregularidades durante el primer año de la actual administración.
La determinación judicial impone multas que ascienden a 777.8 millones de pesos y prohíbe a los implicados ejercer en el servicio público por una década. Estos exfuncionarios sobrepasaron los límites en el ejercicio de recursos asignados al Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Adicionalmente, desviaron fondos de dicho programa para la compra indebida de fertilizantes, configurando un esquema de corrupción.
Desglose de responsabilidades y acciones coercitivas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló las sanciones de Segalmex y otras acciones disciplinarias contra exfuncionarios gubernamentales, evidenciando un esfuerzo coordinado de fiscalización.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro, divulgó la información a través de un comunicado detallado. Este documento no solo expone las sanciones del caso Segalmex, sino que también pormenoriza una serie de otras acciones disciplinarias contra exfuncionarios en diferentes dependencias y entidades gubernamentales.
Las penalizaciones adicionales, comparativamente menores en cuantía económica y temporalidad de inhabilitación frente al caso Segalmex, incluyen:
- Funcionaria del Instituto Nacional de Migración: Multada con 1,300 pesos e inhabilitada por un año por la sustracción de bienes del organismo.
- Exfuncionario Ramiro “N” (CFE Torreón): Obligado a pagar 9,000 pesos y vetado del servicio público federal por un año, tras aceptar sobornos para reducir adeudos con la Comisión Federal de Electricidad en la zona de Torreón, Coahuila.
- Empleado del IMSS Jalisco: Inhabilitado por un año debido a la realización de una toma de rayos X en la zona pélvica a una paciente sin su consentimiento explícito.
Estas resoluciones judiciales subrayan la amplitud de las faltas administrativas detectadas en distintas esferas de la administración pública. La magnitud financiera y el impacto político del asunto Segalmex resaltan significativamente frente a otras sanciones. La consistencia en el abordaje de estas infracciones, desde desvíos multimillonarios hasta faltas de menor cuantía, refuerza el mensaje de control y vigilancia sobre la gestión de recursos públicos.
