La reciente ejecución de la operación en la ranchería Rodeo del Pinal, que culminó con la baja de Luis Enrique N, conocido como el R5 o El Güicho, subraya la persistente volatilidad en la región de Tocumbo, Michoacán, y pone bajo escrutinio la capacidad operativa del Estado frente a la estructura del Cártel de Los Reyes.
El saldo de una operación fallida en su objetivo de captura
El despliegue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil de Michoacán tenía como finalidad primaria la captura de Luis Enrique N, cuya muerte durante el enfrentamiento el pasado 30 de agosto confirma una vez más la incapacidad del actual régimen para neutralizar objetivos de alto perfil mediante procesos judiciales efectivos. El intercambio de fuego, provocado por la resistencia del líder criminal y su acompañante, resultó en el aseguramiento de dos fusiles automáticos, diversos cartuchos y cargadores, además de una cuatrimoto, elementos que ahora quedan bajo custodia de la Fiscalía General del Estado para las diligencias ministeriales y jurídicas correspondientes tras un desenlace que impide el acceso a información estratégica que pudo haberse obtenido de una detención con vida.
El vacío de poder y la herencia del Cártel de los Reyes
La trayectoria del R5 al frente del Cártel de Los Reyes tras la detención de Alfonso N, apodado El Poncho o Quiringua, el 1 de agosto en el municipio de Los Reyes de Salgado, evidencia la rápida rotación de liderazgos en una organización criminal que mantiene redes de extorsión y vínculos estratégicos con otros grupos como el Cártel de Tepalcatepec, encabezado por Juan José N, alias El Abuelo. La peligrosidad del occiso, quien era un objetivo prioritario del Departamento de Estado de los Estados Unidos con una recompensa de 3 millones de dólares por información para su arresto, y sobre quien pesaba una orden de detención provisional con fines de extradición, pone en duda los controles fronterizos y la vigilancia efectiva sobre los coordinadores de tráfico de drogas y armas que operan con impunidad en suelo nacional bajo el esquema de inseguridad que impera en la zona.
(Con información de El Economista)
