Un tribunal federal determinará si el Nacional Monte de Piedad, IAP, puede ser procesado penalmente por el presunto robo de un vehículo empeñado por uno de sus clientes, a pesar de los pagos al corriente. Este caso eleva el debate sobre la responsabilidad penal de las personas morales.
El origen de la disputa: Vehículo empeñado y el rechazo de pago
La controversia inició en 2018 cuando un cliente denunció el rechazo de su pago y la posterior sustracción de su automóvil por presuntos trabajadores de la institución.
Francisco Arturo Jiménez Noricumbo inició una batalla legal en 2018 contra el Nacional Monte de Piedad, IAP. El cliente acusa a la institución de asistencia privada de robo agravado tras la apropiación ilegal de su vehículo, el cual había empeñado para solventar problemas económicos, pese a mantener sus pagos al corriente.
De acuerdo con el contrato número 13233985, los vencimientos de pago para Jiménez Noricumbo eran el 26 de cada mes.
El 26 de noviembre de 2018, acudió a la Sucursal 14 del Nacional Monte de Piedad para realizar el pago correspondiente, pero le fue rechazado bajo el argumento de extemporaneidad.
Jiménez Noricumbo presentó una queja formal en la sucursal, señalando de puño y letra:
- “No me fue recibido el pago del refrendo no obstante estar en término de pago conforme a la cláusula novena del contrato y la forma de pago estipulada en la propia carátula del contrato que establece los días 26 de cada mes”.
- “Cualquier interés o cargo por no aceptarme el pago se me deberá reembolsar con el consiguiente pago de daños y perjuicios”.
Estrategia de recuperación y el controvertido despojo
Tras infructuosas comunicaciones y una queja ante Profeco, el vehículo fue sustraído del domicilio del afectado por supuestos empleados de la IAP.
Después de presentar la queja, Jiménez Noricumbo intentó comunicarse constantemente con el Nacional Monte de Piedad para obtener una respuesta sobre el reembolso de intereses o cargos, pero la institución dejó de contestarle el teléfono tras un par de llamadas sin resolución.
Los siguientes eventos escalaron la tensión del caso:
- Diciembre de 2018: El denunciante inició una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
- 7 de febrero de 2019: La Profeco fijó esta fecha para una audiencia de conciliación con el representante legal del Nacional Monte de Piedad y Jiménez Noricumbo.
- Previo a la audiencia de conciliación: Supuestos trabajadores del Monte de Piedad se presentaron en el domicilio de Jiménez Noricumbo, quien no se encontraba presente. Ingresaron al inmueble “con engaños” y se llevaron su automóvil sin notificación previa, una acción que contraviene el contrato firmado con la IAP.
Escalada judicial: Del juez capitalino a la Suprema Corte
La denuncia por robo en la FGJCDMX fue inicialmente desestimada por un juez local, lo que impulsó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La víctima denunció el robo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Sin embargo, un juez de la capital determinó que una persona moral no podía ser sujeta de un proceso penal, blindando inicialmente a la institución.
El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 10 de junio de 2025, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, desde la extinta Primera Sala, decidió regresar el expediente al Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México. La ministra ordenó que dicho tribunal resolviera el amparo en revisión tramitado por Jiménez Noricumbo contra la no vinculación a proceso de la empresa, aplicando un criterio precedente.
La jurisprudencia clave y el nuevo enfoque del Colegiado
La Ministra Ortiz Ahlf dictaminó que el Segundo Tribunal Colegiado debía aplicar un precedente que sí permite vincular a proceso penal a personas morales.
En su dictamen, la ministra Ortiz Ahlf instruyó al Colegiado resolver el caso basándose en un criterio emitido previamente por la extinta Primera Sala. Este precedente estableció que las personas morales sí pueden ser vinculadas a un proceso penal.
El recurso de revisión se interpuso contra una sentencia que había negado el amparo contra la resolución de segundo grado, la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de la persona moral imputada. La Ministra Ortiz Ahlf detalló el dictamen al que Proceso tuvo acceso:
- “Considero que ya existe un precedente emitido por esta Primera Sala a partir del cual, el tribunal colegiado, en ejercicio de la competencia delegada, deberá resolver lo que en derecho proceda en este asunto”.
- En dicho precedente, se determinó que el sexto párrafo del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su porción “y de las entidades federativas”, invadía la competencia que tienen las entidades federativas para legislar en materia penal sustantiva sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos que les son imputables.
Revés y persistencia: El caso en el Segundo Tribunal
El Segundo Tribunal Colegiado modificó la decisión original y ordenó reevaluar el caso, aunque la Tercera Sala Penal volvió a confirmar la no vinculación.
Con base en esta jurisprudencia, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México modificó la resolución del juez Primero de Distrito, que había confirmado el auto de no vinculación a proceso. Con ello, dio la razón a Jiménez Noricumbo.
La sentencia del colegiado ordenó a la Tercera Sala Penal en la CDMX analizar nuevamente el caso. La instrucción era que, si se cumplían los requisitos formales de existencia de un delito y la probabilidad de que el Nacional Monte de Piedad lo hubiera cometido, la empresa debería ser vinculada a proceso; de lo contrario, la Sala debía fundamentar su determinación.
No obstante, cuando la Tercera Sala Penal recibió el expediente para dar cumplimiento al amparo concedido a Jiménez Noricumbo, nuevamente confirmó la no vinculación a proceso en favor de Nacional Monte de Piedad, esta vez utilizando argumentos distintos. El juzgado Primero de Distrito fue el encargado de determinar si la sentencia de amparo había sido cumplida adecuadamente, y consideró que la Tercera Sala sí cumplió.
Futuro del litigio: La decisión final en suspenso
Un nuevo recurso de inconformidad presentado por Jiménez Noricumbo regresa el caso al Segundo Tribunal Colegiado para una resolución determinante.
Contra esta declaración del Juzgado Primero de Distrito, Francisco Arturo Jiménez Noricumbo tramitó un nuevo recurso de inconformidad. Este recurso volverá a ser resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal.
En esta ocasión, el colegiado deberá determinar si la decisión del Juzgado de Distrito, que consideró cumplida la sentencia de amparo, fue o no correcta. Si el colegiado determina que la Sala no cumplió con la sentencia de amparo, emitirá una nueva resolución que podría poner a Nacional Monte de Piedad al borde de la vinculación a proceso penal por el presunto despojo del vehículo.
