CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (XPFM).- El diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para crear una nueva Ley de Apertura y Transparencia de las Actividades de Cabildeo, una propuesta que evidencia la preocupación existente en el propio Congreso por la manera en que grupos empresariales, industriales y de interés buscan influir en las decisiones legislativas. El proyecto plantea crear nuevos mecanismos de registro, vigilancia y sanción para evitar que esa interlocución termine en pagos, regalos o intercambios de favores con legisladores.
El propio Monreal reconoció que el cabildeo puede convertirse en una actividad “oscura” si no existen controles suficientes. Su propuesta busca crear un Registro Abierto de Personas Cabilderas y una Oficina Bicamaral de Cabildeo, lo que implicaría identificar a quienes acuden ante diputados y senadores para promover intereses particulares y dejar constancia de sus gestiones. La iniciativa parte así del reconocimiento de que actualmente existen espacios de influencia cuya operación requiere mayores controles.
“Tenemos que reconocer que existen los grupos de cabildeo y regular su función para que esta actividad no sea oscura, no se corrompa y para que los legisladores y las legisladoras no perciban dádivas, dinero u obsequios a cambio de apoyar, enmendar o cambiar una disposición”.
El proyecto pone especial atención en posibles dádivas, pagos u obsequios para influir en decisiones legislativas. Incluso contempla como causas de responsabilidad administrativa que legisladores o servidores públicos acepten actividades de cabildeo de personas no acreditadas, reciban beneficios destinados a modificar su posición o actúen con dolo, mala fe o negligencia en el manejo de información relacionada con estas gestiones.
La propuesta también resulta significativa por los sectores que el propio coordinador de Morena mencionó como usuarios habituales del cabildeo: farmacéutico, energético, tabacalero, textil y empresarial. Se trata de industrias con intereses económicos directamente relacionados con leyes, regulaciones, impuestos, permisos y presupuestos.
El problema que intenta atender la iniciativa no sería, por tanto, la existencia del cabildeo en sí, sino la “posibilidad” de que el poder económico tenga (o tiene) acceso privilegiado a quienes toman las decisiones públicas sin que la ciudadanía pueda conocer con claridad qué se negocia.
Monreal sostuvo que no considera que los grupos de cabildeo sean, por definición, corruptos. Sin embargo, el contenido de su iniciativa reconoce riesgos concretos: presión indebida, corrupción, tráfico de influencias, ocultamiento de información y recepción de beneficios.
Por ello, el proyecto incorpora un Código de Ética, informes, declaraciones, mecanismos de trazabilidad, investigaciones y sanciones, además de restricciones para legisladores y servidores públicos.
La iniciativa llega además en un Congreso donde las decisiones legislativas pueden afectar directamente intereses económicos de grandes sectores productivos. De ahí que uno de los puntos centrales sea conocer quién intenta influir, a nombre de quién, sobre qué legislador, respecto de qué iniciativa y mediante qué argumentos o gestiones. Sin esa información, la participación de grupos de interés puede resultar difícil de escrutar públicamente, aunque formalmente sea una actividad permitida.
