CIUDAD DE MÉXICO, octubre 02 (XPFM).- México decidió no acompañar la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige a Nicaragua generar condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, además de liberar a presos políticos y restablecer derechos de personas afectadas por decisiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La postura fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras la reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington.
La Cancillería justificó la decisión en los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención, al considerar que el documento vincula la situación política y de derechos humanos de Nicaragua con posibles riesgos para la paz y la seguridad hemisférica. México sostuvo que ampliar esas categorías podría abrir la puerta a medidas que rebasen los mecanismos diplomáticos y pacíficos previstos para atender la crisis.
El representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas, defendió esa posición durante la reunión y señaló que México no puede respaldar una ampliación de las categorías de amenaza. La SRE argumentó que su postura está sustentada en el artículo 89, fracción X, de la Constitución, que establece principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.
La resolución, aprobada por unanimidad, pide al gobierno nicaragüense recuperar la separación de poderes, informar sobre el paradero de personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. También plantea la liberación incondicional de presos políticos y la creación de un grupo ministerial que deberá dialogar con las autoridades y la oposición para presentar recomendaciones en un plazo de 90 días. El documento, sin embargo, no contempla sanciones concretas contra el gobierno de Ortega y Murillo.
El pronunciamiento ocurre después de que Daniel Ortega anunciara el 19 de julio que Nicaragua no tendría más elecciones, una decisión seguida por una reforma constitucional que restringe la participación electoral de personas consideradas “traidores a la patria”, en una medida señalada directamente contra sectores de la oposición. La OEA convocó la reunión extraordinaria precisamente ante este deterioro de las condiciones democráticas en el país centroamericano.
La resolución fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, aunque la participación ministerial en la reunión fue limitada: solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus cancilleres. El resto estuvo representado por funcionarios de menor rango.
Con su decisión, México vuelve a colocar la no intervención y la soberanía como eje de su política exterior frente a la crisis nicaragüense, incluso cuando el pronunciamiento regional aborda elecciones, presos políticos, separación de poderes y derechos humanos. La SRE sostiene que se trata de una defensa de los principios constitucionales mexicanos; la resolución de la OEA, en cambio, busca ejercer presión diplomática para que Nicaragua restablezca condiciones electorales y garantías democráticas.
