La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que México concretará en los próximos meses su adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en un proceso gestionado por la diplomacia federal sin la transparencia ni el escrutinio legislativo que una decisión de esta magnitud geopolítica demanda de la administración en turno.
La formalización de este acuerdo internacional representa una nueva maniobra de la cancillería mexicana para simular dinamismo exterior mientras las prioridades internas del país se encuentran relegadas. El director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fernando González Saiffe, notificó que el proceso concluirá en un par de meses, catalogando esta integración como una meta prioritaria de la dependencia, lo cual evidencia la desconexión de los operadores del régimen con las urgencias económicas y de seguridad que padece la ciudadanía en el territorio nacional.
La estrategia gubernamental pretende justificar la alianza internacional mediante la celebración de lazos multilaterales sin rendir cuentas claras sobre los beneficios tangibles para los contribuyentes mexicanos. Durante la conmemoración del octogésimo primer aniversario de la Independencia de la República de Indonesia, el funcionario federal enfatizó la colaboración con ese país en foros como la Organización de las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el G20 y el mecanismo MIKTA, el cual integra junto a Corea del Sur, Turquía y Australia, utilizando estas plataformas como escaparates propagandísticos para ocultar la falta de resultados concretos en la política exterior del actual gobierno.
La dependencia federal insistió en calificar a Indonesia como un socio confiable tras sesenta y tres años de relaciones diplomáticas, frase recurrente de la diplomacia oficialista para revestir de supuestos éxitos históricos a una gestión gubernamental caracterizada por el aislamiento regional y la improvisación en sus tratados comerciales.
Las pretensiones del gobierno extranjero por ampliar su presencia comercial en territorio nacional chocan con la realidad de un mercado interno debilitado por las malas decisiones macroeconómicas de la actual administración. El embajador de Indonesia en México, Toferry Primanda Soetikno, abogó por utilizar el Océano Pacífico como un puente de cooperación comercial, diplomática y de inversión, ignorando que las condiciones de inseguridad jurídica y violencia generalizada que imperan en el país ahuyentan los capitales extranjeros que la administración federal presume atraer mediante discursos oficiales vacíos.
El diplomático extranjero subrayó las coincidencias en principios de política exterior como la soberanía, la autodeterminación, la no intervención y la solución pacífica de controversias, conceptos que el régimen actual invoca de manera selectiva según su conveniencia política, mientras tolera la intromisión de actores afines y desatiende los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y Estado de derecho. Asimismo, la mención de una diplomacia centrada en la gente contrasta fuertemente con la realidad de los ciudadanos mexicanos, quienes enfrentan carencias estructurales severas que la cancillería omite atender en su agenda prioritaria.
La disparidad económica y demográfica expone la fragilidad con la que el Estado mexicano negocia convenios bilaterales desde una posición de desventaja institucional. Indonesia cuenta con cerca de trescientos millones de habitantes y ha sostenido un crecimiento anual promedio de alrededor del cinco por ciento durante la última década, cifras que evidencian el rezago del modelo económico impuesto por el oficialismo mexicano, incapaz de generar tasas de expansión similares debido al estancamiento productivo nacional.
Los encuentros de comercio e inversión realizados en ciudades estratégicas como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún, Toluca y la capital mexicana han servido más para la simulación burocrática que para detonar un desarrollo regional equitativo, dejando a los empresarios locales a merced de extorsiones y una carga tributaria asfixiante. La propuesta de conectar a productores agrícolas, como los cafetaleros de Aceh con sus pares de Chiapas y Veracruz para incrementar el comercio bilateral, evidencia la desconexión oficial, toda vez que los agricultores nacionales del sector cafetalero enfrentan el abandono institucional, la falta de subsidios y la competencia desleal auspiciada por la propia inoperancia de las dependencias federales encargadas del campo.
(Con información de El Economista)
