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Nacional

MÁS DE 6 MILLONES DE VIVIENDAS DESHABITADAS EN MÉXICO POR MALA UBICACIÓN O FALTA DE SERVICIOS

  • La diputada del PT, Lilia Aguilar, propone reformar la ley para recuperar las que puedan ser habitables; hay casos donde los inmuebles están en zonas de alto riesgo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 02 (XPFM).- La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propuso una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda, a fin de que las reservas territoriales donde se encuentran las viviendas deshabitadas puedan ser analizadas y recuperadas.

En un comunicado precisó que sólo se recuperarán las viviendas que sean habitables, “porque hay casos donde los inmuebles abandonados están en zonas de alto riesgo”.

Aguilar Gil señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualmente existen 6.1 millones de viviendas deshabitadas, debido a una situación primariamente estructural, ocasionada por mala ubicación o falta de servicios básicos.

La también presidenta de la Comisión de Vivienda recordó que durante muchos años, principalmente en sexenios panistas, los inmuebles fueron vistos como simple mercancía, sin embargo “uno de los logros de esta legislatura fue cambiar este paradigma, hoy no es más una mercancía, es un derecho”.

“Reformamos el artículo 4o constitucional y ya no es negocio de unas cuantas familias, ni sirve para financiar campañas, ahora es un derecho que se brinda a las y los ciudadanos mexicanos, tengan o no seguridad social”.

La diputada señaló que en las administraciones pasadas se realizaron negocios desde el sistema inmobiliario.

“Algunos exfuncionarios se coludieron ilegalmente con constructoras para vender viviendas mal construidas, con pisos de más y con vicios ocultos y hoy en día el resultado es que tenemos familias que no tienen certeza jurídica sobre su propiedad; hay muchas familias que fueron víctimas del llamado ‘cártel inmobiliario’ de la alcaldía Benito Juárez”, expuso.

Aseguró que la reforma dará mayor certeza jurídica, porque se establecen mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal, para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con los principios de legalidad y basada en criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.