El uso de aeronaves privadas por parte de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha detonado una exigencia de fiscalización por parte de legisladores del Partido Acción Nacional ante la posible incongruencia entre los costos operativos de dichos traslados y el salario neto percibido por la mandataria emanada de Morena. El señalamiento surge tras la documentación de 97 traslados realizados desde su gestión como alcaldesa de Cancún hasta la actualidad.
Exigencia de fiscalización ante la opacidad en traslados
La solicitud formal presentada por el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez y la senadora Mayuli Martínez requiere la intervención de la Secretaría Anticorrupción y de la Auditoría Superior de la Federación para examinar la Cuenta Pública de Quintana Roo. La premisa central del bloque opositor radica en el contraste entre el costo estimado de los vuelos, que oscila entre 406 mil y 812 mil pesos por trayecto en aeronaves como el Learjet 31A o el Gulfstream G200, frente a un ingreso mensual neto de 102 mil 598 pesos. El PAN argumenta que el erario público debe priorizar necesidades urgentes de la entidad, citando un incremento del 7.6 por ciento en los índices de pobreza durante el último año, lo cual equivale a 52 mil personas adicionales en condiciones de vulnerabilidad.
El impacto económico frente a las prioridades estatales
La cuantificación realizada por los legisladores panistas subraya que el gasto de un solo vuelo privado equivaldría al otorgamiento de hasta 400 becas para estudiantes quintanarroenses. La crítica se intensifica al señalar que, mientras la administración estatal enfrenta retos complejos en materia de seguridad, atención al sargazo y desarrollo social, el uso de servicios aéreos de alto costo por parte de la gobernadora proyecta una disparidad presupuestaria. El reporte que sustenta esta demanda contabiliza 119 vuelos de entrada y salida del país desde el inicio de su gubernatura, incluyendo destinos internacionales como Madrid, Roma, Londres, París, Toronto y Vancouver, lo que intensifica la presión sobre la transparencia del ejercicio presupuestal.
La postura defensiva de la mandataria morenista
Ante el cuestionamiento público, la gobernadora Mara Lezama ha negado categóricamente la veracidad de la cifra de 97 vuelos, argumentando que una cantidad de esa magnitud resultaría incompatible con su ritmo de trabajo y su compromiso de tiempo completo al frente del ejecutivo estatal. La funcionaria sostuvo mediante un comunicado que los desplazamientos privados efectuados fueron solventados con recursos propios, desvinculando cualquier uso de presupuesto público para dicho fin. La mandataria enfatizó que sus ingresos provienen de una trayectoria de tres décadas en la iniciativa privada, defendiendo que su gestión se rige bajo los principios normativos de gobierno y desestimando las acusaciones como una imposibilidad fáctica que, según su versión, implicaría permanecer un año completo fuera de sus funciones.
(Con información de Reforma)
