La comunidad internacional de derechos humanos exigió al gobierno mexicano medidas urgentes de protección para las madres buscadoras, quienes enfrentan desapariciones, asesinatos y agresiones extremas en un escenario de impunidad casi total.
Expertos de la ONU advierten sobre riesgo letal en labores de búsqueda
Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas recalcaron que la obligación de buscar a los desaparecidos recae exclusivamente en el Estado y no sobre las familias.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado a través de sus expertos independientes y relatores especiales para alertar que las mujeres dedicadas a la localización de familiares desaparecidos en territorio nacional sufren ataques sistemáticos. El pronunciamiento señala que este sector poblacional experimenta niveles alarmantes de violencia que derivan frecuentemente en asesinatos y desapariciones forzadas. Los representantes internacionales recordaron que la responsabilidad operativa e institucional de las indagatorias pertenece al Estado mexicano, por lo que resulta inadmisible trasladar esta carga a los hombros de las familias afectadas. Atacar a estas mujeres perpetúa un ciclo de dolor institucionalizado y obstruye la justicia en un contexto de impunidad casi total que favorece la actuación de los agresores materiales e intelectuales. La advertencia internacional coincide con la designación aprobada por la Asamblea General de la ONU para establecer el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desapacidas, un esfuerzo global para visibilizar su liderazgo que contrasta con la vulnerabilidad operativa que padecen en México.
Casos críticos evidencian el colapso de seguridad en Sinaloa
Los relatores documentaron agresiones armadas, atropellamientos y desapariciones de activistas en fechas recientes dentro del estado gobernado por Morena.
El posicionamiento de los organismos internacionales documentó eventos específicos ocurridos en el estado de Sinaloa, donde el pasado 29 de agosto se reportó la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista en la materia. Durante esa misma jornada, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, sufrió una agresión directa acompañada de su hija y dos menores de edad. Tres días después, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron embestidos por un vehículo mientras realizaban una manifestación pacífica en Mazatlán. Este último grupo ya acumulaba antecedentes de hostigamiento, incluyendo el hallazgo sin vida de su integrante Rubí Patricia Gómez Tagle, cuyo cuerpo fue localizado en su domicilio particular en febrero del presente año. Ante estos hechos, los expertos internacionales reiteraron sus cuestionamientos previos dirigidos al gobierno federal respecto al asesinato de activistas y la persistencia de amenazas sin castigo contra las organizaciones civiles.
Perspectiva de género y exigencia de reconocimiento oficial
La violencia contra las defensoras busca sancionar su incursión en el espacio público y su desafío a los roles tradicionales establecidos.
El análisis emitido por los relatores enfatiza que las agresiones dirigidas contra las mujeres defensoras de derechos humanos poseen características específicas de género cuyo propósito fundamental es sancionarlas por ocupar el espacio público y desafiar los roles tradicionales. Entre los firmantes del documento destacan Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, además de integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas. Las instancias internacionales instaron a las autoridades mexicanas a otorgar un reconocimiento público formal sobre la relevancia de su labor y a garantizar condiciones materiales para una participación segura en los procesos de investigación. Los expertos concluyeron que el Estado mexicano debe asumir cabalmente sus obligaciones internacionales en materia de protección a defensores de derechos humanos para frenar la descomposición institucional que azota a los colectivos de búsqueda en todo el país.
(Con información de El Economista)
