CIUDADD E MÉXICO, septiembre 30 (XPFM).- La diputada Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la aprobación en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de una iniciativa presidencial para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, al considerar que las nuevas disposiciones sobre responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet pueden afectar la libertad de expresión.
Ballesteros sostuvo que MC va en contra de la propuesta, a la que sus críticos han denominado “Ley antimemes”, por considerar que abre la puerta a restricciones sobre los contenidos que circulan en internet. “Vamos en contra de este atropello a la libertad de expresión y, sobre todo, de la manera de hacer política y democracia por parte de millones de mexicanos, especialmente las nuevas generaciones”, afirmó ante medios de comunicación.
La legisladora advirtió que el debate no se limita a los memes, sino al papel que tienen las plataformas digitales y las redes sociales como espacios de información y participación política. En ese sentido, rechazó cualquier mecanismo que pueda terminar cerrando canales utilizados por ciudadanos para expresarse, informarse o participar en asuntos públicos.
“No podemos cerrarle la puerta, bajo ninguna circunstancia, a cualquier tipo de canal que le sirva a la gente para informarse”, señaló. Ballesteros también cuestionó la idea de que los medios tradicionales sean la única vía legítima para acceder a información, particularmente en un contexto donde las nuevas generaciones utilizan de manera cotidiana las plataformas digitales.
La diputada consideró que los espacios digitales han contribuido a popularizar la política, la información y la participación democrática, por lo que cualquier modificación legal que incida en esos contenidos debería analizarse también desde la perspectiva de la libertad de expresión y no únicamente desde la protección de derechos de autor.
La iniciativa presidencial ha generado críticas entre organizaciones y legisladores que advierten posibles efectos sobre la circulación de contenidos en internet. El punto de conflicto está en hasta dónde puede llegar la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales frente a materiales publicados por sus usuarios y si esas obligaciones podrían incentivar la eliminación de contenidos antes de que exista una resolución sobre su legalidad.
Para MC, el debate representa un asunto de mayor alcance. La regulación de internet y los límites que el Estado puede imponer a la expresión digital. La discusión todavía deberá continuar en el proceso legislativo, donde se definirá el alcance final de las modificaciones y sus posibles efectos sobre usuarios, plataformas y creadores de contenido.
