El Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó al mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez como relator especial para la Promoción y Protección de los Derechos de la Libertad de Opinión y de Expresión, marcando un hito en el escrutinio internacional sobre las agresiones contra comunicadores en México.
El ascenso de un crítico del aparato estatal
La trayectoria de Maldonado Gutiérrez refleja una especialización técnica en la defensa de derechos frente a los excesos de poder, consolidada desde su rol en Artículo 19.
- Cargo actual: Director para México y Centroamérica de Artículo 19 desde agosto de 2020.
- Antecedentes: Siete años como subdirector regional en la misma organización.
- Formación: Maestro en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana.
Auditoría a los mecanismos de censura oficial
Su labor al frente de Artículo 19 se caracterizó por la exposición técnica de la maquinaria utilizada desde la estructura gubernamental para vulnerar la integridad de la prensa.
- Caso Notimex: Coordinó la investigación sobre el uso de la extinta agencia estatal, bajo la dirección de Sanjuana Martínez, para la ejecución de ataques sistemáticos contra periodistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en colaboración con el laboratorio Signa-Lab del ITESO.
- Espionaje Pegasus: Lideró la documentación técnica sobre el uso del malware de vigilancia contra comunicadores y defensores de derechos humanos, vinculando la operación del software a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Trayectoria en la defensa de causas sociales críticas
Antes de su gestión en la esfera internacional y mediática, Maldonado integró el equipo legal del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante su etapa en el Centro Prodh, participó en el litigio de las mujeres hñu hñú Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. El caso, originado en 2006, documentó la criminalización indebida de activistas por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes fueron sentenciadas a 21 años de prisión. La presión jurídica derivó en su liberación en 2010 y una disculpa pública institucional por parte de la PGR en 2017.
