La Corte Suprema de Perú reafirmó la orden de ubicación y captura internacional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, sentenciada a once años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, mientras el Gobierno mexicano sostiene el asilo diplomático concedido a la exfuncionaria.
Orden judicial bajo la sombra del asilo diplomático
El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, emitió una resolución el 14 de agosto de 2026 para garantizar la vigencia de las medidas de búsqueda y detención contra Betssy Chávez. Esta determinación busca ejecutar la sentencia dictada en diciembre de 2025, la cual condenó a la exministra a una pena efectiva de once años, cinco meses y 15 días de reclusión por el delito de conspiración para la rebelión. La medida, que ha sido comunicada formalmente a la Policía Nacional de Perú y a la Oficina Central Nacional de Interpol, exige renovaciones periódicas para asegurar que la justicia peruana no pierda el rastro de la sentenciada, quien abandonó el territorio nacional amparada por un salvoconducto otorgado por la administración mexicana.
Defensa legal desafía la competencia del sistema judicial peruano
La representación legal de la ex primera ministra, encabezada por el abogado Raúl Noblecilla, desestimó la validez operativa de la resolución judicial argumentando que la soberanía de México prevalece sobre las disposiciones de los tribunales peruanos. La defensa sostiene que, al encontrarse bajo la protección del asilo político, ninguna orden de captura emitida por el magistrado Checkley puede ejecutarse en territorio mexicano. Noblecilla calificó los intentos de las autoridades peruanas como una pretensión de ignorar el Derecho Internacional, insistiendo en que el Estado mexicano ha calificado la situación conforme a sus atribuciones constitucionales, lo cual obligaría a Lima a respetar la permanencia de Chávez en el país norteamericano.
El costo político del restablecimiento diplomático
La situación de Chávez ha condicionado la agenda exterior entre México y Perú, culminando en un reciente acercamiento diplomático anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras meses de ruptura, el Gobierno mexicano logró el traslado de la exministra mediante una aeronave militar, lo que Sheinbaum denominó como un gesto de buena voluntad de las autoridades peruanas. No obstante, este intercambio político se produjo tras el refugio prolongado de Chávez en la residencia de la Embajada de México en Lima, sede que recibió el asilo tras la crisis institucional derivada del autogolpe de Pedro Castillo. La condena impuesta por el Poder Judicial peruano incluye además una reparación civil de doce millones de soles, cifra que los sentenciados, entre ellos el propio Castillo y sus excolaboradores Aníbal Torres y Willy Huerta, deben cubrir de forma mancomunada ante el Estado afectado por la intentona golpista de 2022.
(Con información de Europa Press)
