El juez de Distrito Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia, enfrenta hasta 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos imputados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras aceptar 2 millones de dólares para liberar a un operador del narco.
Corrupción judicial y nexos con el cártel
El juez Luis Benítez Alcántara es señalado por encubrir y liberar a operadores del narcotráfico internacional tras recibir pagos millonarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que el juez federal Luis Benítez Alcántara aceptó un soborno por 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark, identificado como el segundo al mando de la red criminal encabezada por Ryan Wedding, considerado el mayor proveedor de cocaína hacia Canadá. La liberación del operador criminal ocurrió el 24 de febrero de 2025 en México, mismo día en que el juzgador completó el cobro del dinero ilícito según el indictment presentado el 4 de septiembre. Al haber facilitado que el infractor recuperara su libertad bajo fianza con pleno conocimiento de sus actividades criminales, la fiscalía estadounidense considera al juzgador mexicano como copartícipe directo de los delitos cometidos por la estructura delictiva.
Imputaciones graves y riesgo de extradición
Las autoridades estadounidenses buscan la extradición del juzgador mexicano para juzgarlo por complicidad en homicidio y narcotráfico.
Las acusaciones formales en contra del juez Luis Benítez Alcántara abarcan nueve cargos que incluyen distribución y posesión de cocaína y metanfetamina, participación en actividades delictivas continuadas, además de homicidio y tentativa de homicidio relacionados con una empresa delictiva. El fiscal general Todd Blanche confirmó que el gobierno de Estados Unidos solicitará formalmente su extradición desde Colombia para garantizar que los funcionarios públicos corruptos rindan cuentas ante la justicia internacional. Por su parte, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial en México han evitado emitir postura institucional alguna ante la gravedad de los señalamientos contra el impartidor de justicia.
(Con información de Proceso)
