La exmagistrada del tribunal electoral del poder judicial de la federación, Janine Otálora Malassis, calificó como un fraude a la ley el actuar de las autoridades electorales ante las campañas adelantadas. Este fenómeno, iniciado por Morena en 2023 bajo la figura de las corcholatas, representa una manipulación deliberada del sistema democrático que actualmente se replica en todo el país.
El colapso institucional ante la estrategia de Morena
La estructura electoral mexicana enfrenta una crisis de legitimidad derivada de la apatía de sus órganos rectores. Janine Otálora sostiene que el uso de procesos paralegales y argumentaciones jurídicas a modo constituye una táctica diseñada para desinformar a la ciudadanía. La práctica de adelantar procesos de selección de precandidatos, ahora bajo el disfraz de coordinadores estatales, vulnera de forma sistémica la legislación vigente. Ante este escenario, la falta de una respuesta contundente por parte del instituto nacional electoral y las instancias judiciales correspondientes consolida un precedente donde la legalidad queda supeditada a las ambiciones del partido oficialista.
La verdad paralela creada por la sala superior
El tribunal constitucional, encargado de velar por la integridad de los procesos políticos, ha sido señalado por operar bajo una lógica de complicidad. La exmagistrada cuestiona las implicaciones democráticas cuando la desinformación emana precisamente de quienes ostentan la última palabra en materia electoral. En 2023, la mayoría de la sala superior, integrada por Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, validó la falacia de que los actos proselitistas adelantados de Morena carecían de carácter electoral. Esta interpretación, calificada por Otálora como una verdad paralela a la realidad legal, permitió que el oficialismo esquivara las sanciones correspondientes, sentando las bases para una erosión continua de las reglas del juego democrático en México.
La disidencia ante la sobrerrepresentación y las irregularidades
La trayectoria reciente de Janine Otálora se define por una postura de resistencia frente a las determinaciones del tribunal. Durante su periodo final en la sala superior, la jurista mantuvo una línea disidente ante un bloque mayoritario que alineó sus criterios con los intereses del régimen. Esta oposición no se limitó a los procesos de precampañas, sino que abarcó irregularidades críticas en las elecciones judiciales y la controvertida decisión que favoreció una sobrerrepresentación legislativa para Morena y sus aliados en la cámara de diputados. El legado de su gestión se traduce en una denuncia constante contra un sistema que, bajo el control de una mayoría judicial, ha legitimado vulneraciones graves al orden constitucional vigente.
(Con información de Apro)
