El exfiscal especial Jack Smith declaró ante la Comisión Judicial del Senado que no cederá ante las amenazas de enjuiciamiento de los republicanos, defendiendo sus investigaciones previas contra el presidente Donald Trump como un proceso apegado estrictamente a la normativa federal.
Comparecencia bajo tensión en el Congreso
El exfiscal especial Jack Smith aseguró ante los legisladores que sus indagatorias no respondieron a motivaciones políticas y condenó las represalias contra su equipo.
El exfiscal especial de Estados Unidos, Jack Smith, compareció este martes ante la Comisión Judicial del Senado para sostener una postura firme frente a los cuestionamientos de la bancada republicana. “No me callarán las continuas amenazas de enjuiciamiento por parte del presidente o de otros”, advirtió Smith durante su segunda intervención pública ante el Congreso. El funcionario denunció públicamente los despidos de investigadores adscritos a su oficina y acusó al actual gobierno de Donald Trump de “difamar a los fiscales de carrera, a los agentes del FBI y al personal de apoyo que formaban parte de mi equipo”. Las tensiones escalaron debido a las dos causas penales previas que Smith presentó y que posteriormente fueron desestimadas, las cuales giraban en torno a los intentos de anular las elecciones de 2020 y a la presunta gestión inadecuada de documentos clasificados tras el primer mandato de Trump.
Acusaciones de uso político y defensa demócrata
Los legisladores republicanos tacharon las pesquisas de parciales, mientras que los demócratas respaldaron la legalidad de las acciones judiciales.
Los miembros de la mayoría republicana insistieron en que Smith incurrió en un abuso de autoridad y utilizó su posición de fiscal especial para ejecutar procesos judiciales vengativos contra Trump y sus colaboradores. El senador Chuck Grassley, presidente de la Comisión de Justicia, calificó la actuación del fiscal como “un arma partidista que infringió las normas”.
En contraparte, los legisladores demócratas defendieron la validez de las indagatorias argumentando que su propósito fundamental consistía en exigir responsabilidades ante presuntas conductas ilegales, señalando a su vez que la bancada opositora promueve una justicia de carácter vengativo. Smith reiteró que sus actuaciones se ajustaron rigurosamente a la política interna del Departamento de Justicia y se mantuvo al margen de cualquier influencia partidista, a pesar de las constantes solicitudes del mandatario para que se le procese judicialmente.
Obtención de registros y fricciones legislativas
Las críticas republicanas se intensificaron tras revelarse que la fiscalía obtuvo registros de llamadas y mensajes de texto de legisladores.
Las fricciones institucionales se profundizaron a raíz de las pesquisas realizadas sobre las comunicaciones de diversos actores políticos. Durante el desarrollo de sus funciones, Smith obtuvo registros telefónicos de varios senadores republicanos alrededor de la fecha de los disturbios en el Capitolio ocurridos el 6 de enero de 2021, sucesos que, según testificó previamente, “no habrían ocurrido” sin la intervención de Trump. En julio, legisladores revelaron que la oficina también revisó mensajes de texto de 44 congresistas dentro de un análisis enfocado en material de los asesores de la Casa Blanca.
Esta situación motivó que Jim Jordan, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, denunciara a Smith ante el Departamento de Justicia por presuntas declaraciones falsas sobre la naturaleza de dichos registros. Los representantes legales del exfiscal sostuvieron que las respuestas ofrecidas fueron veraces y que los rastreos telefónicos resultaron indispensables para esclarecer la campaña de presión destinada a impedir la certificación de la derrota electoral.
Repercusiones internas y revisión al equipo fiscal
El Departamento de Justicia examina las investigaciones previas y provoca dimisiones de funcionarios encargados del caso Mar-a-Lago.
Paralelamente a la confrontación legislativa, el Departamento de Justicia bajo la administración de Trump abrió un proceso de revisión sobre la gestión de Smith, enfocándose específicamente en la retención de documentos clasificados y buscando demostrar posibles violaciones a los derechos del presidente. Como parte de estas indagatorias complementarias, diversos exfuncionarios del FBI que participaron en el registro ejecutado en 2022 contra el complejo Mar-a-Lago fueron citados a testificar. La presión institucional generó consecuencias directas al interior de las instancias legales, derivando en la dimisión de dos fiscales, incluyendo a un alto funcionario del Departamento de Justicia que supervisaba directamente la investigación, sucesos ocurridos durante las últimas semanas de este proceso de fiscalización federal.
(Con información de Reuters)
