CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (XPFM).- El PRI volvió a acusar al Instituto Nacional Electoral (INE) de censura luego de que su Comisión de Quejas y Denuncias ordenara retirar o modificar publicaciones en las que dirigentes y cuentas del partido utilizaron expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcodictadura” y “narcopolíticos” para referirse a Morena y denunciar presuntos vínculos entre integrantes de la clase política y organizaciones criminales.
La dirigencia priista cuestionó que la autoridad electoral intervenga mediante medidas cautelares antes de que exista una resolución definitiva sobre el fondo de las denuncias. Para el PRI, la decisión limita el debate político y representa una protección hacia Morena, particularmente cuando el propio INE ha reconocido que existe un riesgo de infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales.
El señalamiento más severo del partido apunta directamente al papel que desempeña el INE. En su crítica, el PRI plantea que, si la autoridad electoral estuviera actuando para proteger políticamente a Morena frente a las acusaciones de la oposición, entonces estaría dejando de cumplir su función como árbitro electoral. Desde esa perspectiva, el partido incluso utiliza el término “narco-INE” para cuestionar lo que considera una actuación parcial. Se trata, sin embargo, de una acusación política del PRI y no de un hecho acreditado.
La controversia adquiere mayor relevancia porque el consejero Arturo Manuel Chávez López, quien participa en la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, ha reconocido públicamente la existencia de riesgos relacionados con la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
El PRI considera contradictorio que, mientras el Instituto desarrolla mecanismos para detectar esos riesgos, al mismo tiempo limite expresiones opositoras que denuncian públicamente una eventual penetración criminal en la política.
El partido también sostiene que las restricciones terminan favoreciendo un doble efecto político: mientras las autoridades reconocen que la delincuencia organizada constituye una amenaza para la democracia, los partidos de oposición enfrentan límites cuando utilizan ese argumento para cuestionar a Morena.
El INE, por su parte, ha señalado que las medidas cautelares se sustentan en los límites legales aplicables a expresiones que pueden constituir imputaciones de hechos o delitos falsos, y que la determinación es preliminar.
Esta resolución coloca nuevamente al árbitro electoral en el centro de una discusión sobre libertad de expresión, propaganda política y límites de las acusaciones durante un proceso electoral. El PRI anunció que impugnará la resolución y adelantó que buscará llevar el caso ante organismos internacionales, mientras que la resolución definitiva sobre el fondo de las controversias aún está pendiente.
