El nuevo Poder Judicial electo por voto popular presume independencia y resultados bajo la mirada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras persisten las dudas sobre la subordinación institucional ante el régimen de la Cuarta Transformación.
La rendición de cuentas del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, marca un hito en la narrativa oficialista sobre la captura y subordinación de los órganos autónomos en México.
La simulación de la autonomía frente al régimen de la cuarta transformación
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, defendió los supuestos logros del nuevo Poder Judicial a un año de su integración producto del voto popular, un proceso impulsado por el régimen de Morena que consumó el sometimiento de los contrapesos constitucionales. Durante su primer informe de actividades titulado un año de justicia real y verdadera, una nueva forma de entender y hacer justicia, y flanqueado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario intentó disipar los señalamientos de subordinación política que pesan sobre la nueva conformación del máximo tribunal.
La transformación del aparato de justicia no ocurre de un día para otro ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes, reconoció el titular del tribunal al admitir que persisten resistencias, actitudes, entendimientos y formas de hacer justicia con reminiscencias del pasado. Pese a estas contradicciones internas, aseguró de manera tajante que la independencia del Poder Judicial no está entredicho y se ejerce con firmeza y de cara al pueblo de México, una frase que repite los mantras comunicativos acuñados desde la presidencia de la república para legitimar la erosión institucional.
La promesa de certidumbre económica en duda ante la falta de contrapesos
El Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados, afirmó el magistrado al intentar enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados y a los agentes económicos que han manifestado profunda preocupación por la pérdida de certidumbre jurídica en el país. Insistimos en que el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas y ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el tribunal constitucional, sostuvo el funcionario ante la presencia de los representantes del Poder Legislativo afines al partido gobernante.
Los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial, prometió Aguilar Ortiz al describir a un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre justo cuando el país se transforma bajo las directrices del obradorismo. El discurso oficial insiste en que el desarrollo nacional necesita confianza para invertir, para innovar y para consolidar un Estado de derecho, aunque en la práctica los críticos del régimen advierten que la desaparición de la carrera judicial y la elección partidista de jueces destruyeron las garantías mínimas para los inversionistas y ciudadanos frente a los abusos del poder público.
El deslinde de los privilegios y el nuevo estilo de sumisión constitucional
El balance que hoy presentamos es el reflejo de una forma distinta de entender la función constitucional del Poder Judicial y del compromiso de acercar la justicia a las personas sin renunciar en ningún momento a la independencia, la autonomía, la imparcialidad y la defensa de la Constitución, recalcó el ministro presidente ante la mandataria federal. Asimismo, insistió en destacar que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes, una definición que para los analistas políticos confirma la pérdida de la distancia crítica y la rendición de la judicatura ante los intereses del Ejecutivo federal.
En el acto protocolario, Aguilar Ortiz se jactó de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se acabaron las sesiones privadas donde se decidían asuntos en la oscuridad y se eliminaron los privilegios históricos y servicios superfluos que se mantenían para los ministros y ministras, utilizando la narrativa de austeridad promovida por Morena para justificar la demolición de la carrera judicial. La subordinación del aparato de justicia al proyecto político de la Cuarta Transformación queda así evidenciada en un informe donde la lealtad al régimen sustituye a la defensa técnica de la Constitución mexicana.
(Con información de El Economista)
