La administración federal impulsa una Ley General contra el feminicidio para estandarizar la tipificación, penas y protocolos de investigación en los 32 estados, buscando mitigar la fragmentación legal que actualmente obstaculiza la procuración de justicia y la obtención de sentencias efectivas en México.
La ineficiencia operativa de los marcos penales actuales
La fragmentación de los códigos penales locales ha derivado en criterios desiguales para evaluar las razones de género, complicando el trabajo de las autoridades y permitiendo que la impunidad persista en gran parte del territorio nacional debido a la falta de coordinación interinstitucional.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, confirmó que el objetivo central es obligar a las 32 entidades federativas a adoptar un tipo penal único, incluyendo agravantes y penas uniformes, tras reportar una reducción del 36 por ciento en el promedio diario de este delito respecto a 2021.
Estructura punitiva y nuevas agravantes propuestas
La nueva legislación eleva el rigor judicial mediante la implementación de penas que oscilan entre los 50 y 70 años de prisión, integrando un catálogo de 19 agravantes específicas que redefinen la gravedad del delito.
- Grupos vulnerables: Se considera agravante si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada o con discapacidad.
- Perfiles en riesgo: El ataque contra periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes escala automáticamente la pena.
- Métodos violentos: La utilización de ácido o sustancias inflamables durante la agresión constituye una agravante directa.
- Redefinición de género: La ley permitirá considerar antecedentes de violencia previos, incluso sin carpetas de investigación formal, basándose en registros hospitalarios y llamadas de auxilio.
- Sanciones civiles: Se estipula la pérdida de derechos sucesorios y la revocación de la tutela, guarda y custodia sobre víctimas indirectas para agresores sentenciados.
Fiscalías especializadas: el eje de la judicialización
Para evitar que la ley se limite a una directriz administrativa, se ordena la creación de fiscalías especializadas con perfiles técnicos supervisados por la Fiscalía General de la República y el secretariado correspondiente.
Este esquema obliga a integrar equipos multidisciplinarios compuestos por ministerios públicos, policías de investigación, peritos y analistas. Según Gómez Saracibar, el Poder Judicial intervendrá ante negligencias a través del Tribunal de Disciplina, intentando asegurar que la judicialización de las carpetas cumpla con estándares de calidad y perspectiva de género.
