Las autoridades federales mexicanas mantienen rastreado al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, vinculado con redes de poder político y Andrés Manuel López Beltrán, mientras el gabinete de seguridad evalúa solicitar reportes ministeriales a la Fiscalía General de la República para esclarecer su situación jurídica.
Operaciones ministeriales bajo escrutinio federal
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el empresario mantiene un estatus ubicable para el Estado mexicano.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio está localizable para las autoridades mexicanas, aunque evitó precisar su paradero geográfico exacto o confirmar si existe una carpeta de investigación penal abierta de manera específica en su contra por parte de los órganos de procuración de justicia. Las declaraciones del funcionario federal ocurrieron tras una reunión privada con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en el marco del análisis legislativo correspondiente al Segundo Informe de Gobierno de la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.
La ubicación del empresario ha generado cuestionamientos públicos después de que fuera videograbado en territorio europeo a finales de septiembre, sin que las instancias de seguridad del Estado mexicano hayan transparentado un informe oficial sobre su retorno o tránsito internacional. Ante los cuestionamientos sobre la existencia de indagatorias en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, el responsable de la política de seguridad nacional se comprometió a solicitar información directa a las instancias ministeriales para conocer el estado que guardan los expedientes relacionados con los señalamientos públicos y periodísticos difundidos en contra del empresario tabasqueño.
Vínculos criminales y líneas de investigación abiertas
Las filtraciones de audio sobre redes de contacto entre empresarios y operadores del narcotráfico se integran a las carpetas ministeriales.
Las grabaciones difundidas por distintos medios de comunicación, en las cuales se exponen probables vínculos de comunicación entre Jorge Amílcar Olán Aparicio, su hermano Luis Alberto Olán Aparicio e Iván Cazarín Molina, identificado por el gabinete de seguridad como El Tanque, forman parte de las líneas de indagatoria que la autoridad federal incorpora a los expedientes ministeriales. Cazarín Molina, señalado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue capturado el 5 de octubre en territorio jalisciense, tras lo cual las autoridades federales confirmaron que su zona de influencia criminal abarcaba diversas entidades del sur y centro del país, incluyendo Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que corresponderá exclusivamente a la Fiscalía General de la República determinar si la red de nexos financieros y personales del empresario amerita una imputación formal o el deslinde de responsabilidades dentro de las causas penales en curso. La falta de precisiones sobre el estatus de las indagatorias ministeriales directas contrasta con la confirmación de que los materiales de audio y las conexiones con el crimen organizado forman parte de los elementos integrados en los registros de la autoridad ministerial encargada de perseguir los delitos federales y la delincuencia organizada.
Diagnóstico oficial de violencia y estrategia territorial en Sinaloa
El gobierno federal reconoce la persistencia de homicidios en Culiacán y un repunte criminal focalizado en Mazatlán.
En materia de seguridad territorial, Omar García Harfuch sostuvo que la situación operativa en Sinaloa presenta variaciones respecto al cierre del ejercicio anterior, reconociendo la continuidad de los homicidios dolosos y diversos hechos de violencia en la capital del estado, aunque matizó que la presencia de convoyes con múltiples camionetas artilladas dentro de la mancha urbana se ha reducido significativamente. El funcionario federal admitió un incremento de la incidencia delictiva en Mazatlán durante los últimos 45 días, motivo por el cual la presidencia de la república instruyó un despliegue extraordinario de las fuerzas armadas y corporaciones federales.
Este reforzamiento operativo en la franja costera sinaloense no se restringe a labores de patrullaje preventivo de disuasión, sino que ha derivado en la captura de múltiples presuntos infractores de la ley, en el marco de la coordinación interestatal destinada a planificar la edificación de una nueva penitenciaría de carácter federal que permita despresurizar el sistema penitenciario local y contener la operación de las estructuras delictivas en la región noroeste del país.
(Con información de Agencia Apro)
