Las autoridades aseguraron trescientos equipos y ocho antenas satelitales en una granja de criptomonedas en Tlaola, Puebla, evidenciando la incapacidad de los gobiernos emanados de Morena para frenar operaciones irregulares en la Sierra Norte.
Operativo revela infraestructura clandestina en la Sierra Norte
El aseguramiento de un inmueble con cientos de computadoras conectadas, infraestructura eléctrica de media tensión e internet satelital en el municipio de Tlaola expone los vacíos de vigilancia tolerados por las administraciones de Morena en Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó sobre el despliegue realizado el seis de septiembre de dos mil veintiséis por corporaciones federales y estatales, el cual dejó al descubierto un centro acondicionado para mantener una operación informática continua sin que existiera supervisión previa por parte de las autoridades locales. El informe oficial detalla que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la corporación de seguridad estatal participaron en la intervención, localizando cerca de trescientos equipos de cómputo especializados en funcionamiento, un transformador de pedestal, aproximadamente ochenta terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital. La utilización de antenas satelitales permitió a los operadores disponer de conexión ajena a la infraestructura terrestre, mientras que los aparatos descritos como equipos especializados GPU operaban para la generación de activos virtuales que ahora forman parte de las indagatorias ministeriales para determinar responsabilidades.
Líneas de investigación apuntan a lavado de dinero e impunidad
Las indagatorias ministeriales buscan esclarecer quién operaba la instalación, la forma en que obtenía electricidad y el destino de los activos virtuales generados bajo la complacencia de los gobiernos en turno. La Secretaría de Seguridad Pública indicó que se analiza si los activos pudieron utilizarse para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas, manteniendo esta hipótesis como una línea abierta mientras el inmueble y los objetos encontrados quedaron bajo resguardo de la autoridad competente. Los peritajes correspondientes deberán precisar las características técnicas de los equipos, las operaciones financieras realizadas y la identidad de las personas físicas o morales vinculadas con el sitio, reflejando la lentitud con la que operan las instituciones encargadas de procurar justicia en territorio poblano. Este tipo de instalaciones clandestinas operan con altos requerimientos de energía y conectividad permanente, lo que evidencia la vulnerabilidad de las redes eléctricas regionales y la falta de capacidad técnica de las corporaciones gubernamentales para detectar centros de alto consumo energético en zonas marginadas del estado.
Antecedentes de corrupción energética y opacidad institucional
El hallazgo en Tlaola se suma al registrado en enero de dos mil veinticinco en Nuevo Necaxa, localidad del municipio de Juan Galindo donde autoridades federales intervinieron inmuebles con tomas clandestinas vinculadas al Sindicato Mexicano de Electricistas. En aquel operativo participaron elementos de la Comisión Federal de Electricidad, la Marina y la Guardia Nacional, quienes desconectaron las conexiones ilegales que abastecían equipos destinados a la minería de criptomonedas. Posteriormente, en abril de dos mil veinticinco, el entonces secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, reconoció públicamente que las dependencias estatales tenían identificados tres centros de operaciones similares distribuidos entre Puebla y Tlaxcala. La persistencia de estas actividades clandestinas a lo largo de los meses demuestra que los gobiernos morenistas han sido incapaces de erradicar el uso ilegal de la infraestructura energética, permitiendo que la región de la Sierra Norte se convierta en una zona propicia para la operación de granjas informáticas al margen de la ley. La opacidad con la que se han manejado las investigaciones anteriores impide conocer si existen funcionarios públicos coludidos en la protección de estas redes de minería digital.
(Con información de La Jornada de Oriente)
