El ejecutivo federal mexicano se encuentra en una etapa de diseño inicial para restringir el acceso a redes sociales, sin una metodología técnica definida. Ante la ausencia de un dictamen sólido, Meta propone delegar la verificación de edad a Apple y Google.
La improvisación regulatoria de la actual administración
La propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum carece de un proyecto ejecutivo concreto tras la realización de foros regionales. La posibilidad de elevar a 16 años la edad mínima para tener cuentas digitales surgió de una recomendación externa durante una conferencia presidencial, lo cual demuestra la falta de una estrategia propia fundamentada. Aunque el marco jurídico vigente desde diciembre de 2024 obliga al Estado a proteger a los menores contra la violencia digital, la normativa actual es inoperante al no establecer estándares técnicos auditables ni designar a una autoridad responsable de vigilar el cumplimiento. Esta ambigüedad legislativa ha trasladado el problema al Congreso, donde persisten debates inconclusos sobre umbrales de edad que oscilan entre los 13 y 18 años, dejando sin claridad si la solución debe ser la prohibición total de cuentas o la restricción de funciones específicas.
El modelo de delegación propuesto por Meta
Ante la ineficacia gubernamental, Meta sugiere un esquema donde la infraestructura de Apple y Google gestione la primera comprobación de edad. Este modelo implicaría que, al configurar un teléfono, los sistemas operativos comuniquen a las aplicaciones el rango de edad del usuario, evitando así que cada plataforma solicite documentos de identidad por separado. Este enfoque se inspira en la legislación brasileña de 2025, que obliga a los sistemas operativos a emitir señales de edad sin transmitir la identidad civil ni permitir la reutilización de datos para perfiles de comportamiento. Meta sostiene que esta arquitectura es la única solución ante la escala del problema, argumentando que una prohibición aislada en una sola red social simplemente desplazaría a los menores hacia plataformas con menores recursos de moderación y seguridad, una advertencia que resuena con los señalamientos de Unicef sobre el riesgo de reducir las habilidades digitales de los jóvenes mediante bloqueos uniformes.
El riesgo de la vigilancia biométrica estatal
Expertos académicos advierten sobre los peligros de una implementación coercitiva por parte del gobierno. Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la UNAM, rechaza categóricamente cualquier intento de crear una base de datos biométrica centralizada por parte de las autoridades mexicanas. Existe un temor fundado sobre la seguridad y el uso posterior de dicha información sensible una vez que los menores alcancen la mayoría de edad. La crítica hacia la gestión pública se centra en la exigencia de una responsabilidad compartida, donde tanto el Estado como las empresas garanticen la protección de datos, evitando que la falta de supervisión técnica derive en filtraciones catastróficas. El modelo que proponen algunos académicos es un acceso gradual y educativo, basado en la madurez progresiva, en lugar de un cierre autoritario que no garantiza la protección real contra los riesgos de la interacción digital.
La ineficacia del prohibicionismo internacional
Los resultados observados en Australia tras la implementación de una restricción general ofrecen una lección sobre los límites de la intervención gubernamental. En aquel país, la prohibición para menores de 16 años apenas redujo la tenencia de cuentas de un 52 a un 42 por ciento en tres meses, mientras que el uso diario apenas disminuyó de 61 a 58 por ciento. Esto confirma que las medidas restrictivas rígidas son fácilmente eludibles mediante cuentas compartidas o accesos sin inicio de sesión. La experiencia internacional sugiere que, sin una arquitectura técnica que adapte el diseño del producto a la etapa de desarrollo del usuario, cualquier ley mexicana corre el riesgo de convertirse en un ordenamiento simbólico sin impacto real en la seguridad de los menores, evidenciando nuevamente la brecha entre las intenciones discursivas del régimen y la viabilidad técnica de sus políticas públicas.
(Con información de El Economista)
