El ministro de Justicia chileno, Fernando Rabat, justificó el viernes en Santiago la rebaja de condenas a 56 personas por delitos sexuales y violaciones a los derechos humanos, tras revelaciones periodísticas que detonaron una crisis política e institucional en el país sudamericano.
El mandato legal como argumento oficial del gabinete
La administración gubernamental sostiene que la legislación vigente obliga a aplicar de manera inmediata los beneficios carcelarios.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las resoluciones emitidas desde marzo al argumentar que existen normas constitucionales que ordenan conceder reducciones de pena por buena conducta tras cumplir la mitad de las sentencias. Las investigaciones periodísticas de los medios locales Interferencia y El Mostrador destaparon que el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast otorgó estas ventajas procesales a 56 condenados por abuso sexual y violación, además de incluir a dos exagentes vinculados a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ante el descontento social y político, el funcionario emitió sus declaraciones este viernes durante una entrevista concedida a radio Duna.
Suspensión de decretos y respuesta institucional ante el escándalo
La presión de los sectores políticos obligó al ministerio a frenar nuevos decretos y preparar reformas legales restrictivas.
Como consecuencia directa de la controversia desatada en territorio chileno, el ministerio de Justicia anunció la suspensión temporal de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena y presentó un proyecto normativo con el propósito explícito de impedir que los agresores sexuales de menores sigan accediendo a estos beneficios procesales. Por su parte, los partidos de oposición convocaron de inmediato a una sesión extraordinaria en el Congreso nacional para fiscalizar el manejo del gabinete e incluso evaluaron la procedencia de un juicio político contra el titular de la cartera judicial, quien arrastra cuestionamientos previos por su cercanía histórica con el régimen militar y su defensa jurídica al fallecido general Augusto Pinochet en el año 2004.
Tensiones en materia de derechos humanos y recortes presupuestarios
La gestión actual acumula polémicas tras promover iniciativas para limitar querellantes y reducir presupuestos de búsqueda.
La gestión del ministro Fernando Rabat ha escalado la tensión con las organizaciones civiles tras impulsar un proyecto de ley que busca impedir al Instituto Nacional de Derechos Humanos presentar querellas formales en los tribunales de justicia. Asimismo, el plan gubernamental contempla un drástico recorte presupuestario para 2027 destinado al Plan de Búsqueda instaurado previamente en 2024 para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos, consolidando un viraje en la política de memoria histórica que profundiza la confrontación con los sectores progresistas y de izquierda en Chile.
(Con información de AFP)
